Murió un hombre bueno, educado, con sensibilidad humana, con mucho sentido del humor y que ejerció la presidencia con mesura, sin incitar rivalidades ni alentar odios.
Murió quien duplicó los caminos y carreteras del país, puso en pie las áreas afectadas por los terremotos del 2001, sentó las bases para el desarrollo de la geotérmica, promovió el libre comercio y óptimas relaciones con Estados Unidos y abogó para que nuestros compatriotas allá gozaran de TPS para obtener la residencia y otros beneficios.
Francisco Flores murió a causa de una infame persecución que el régimen, desde la pasada gestión presidencial, montó en su contra, a la par de vejámenes sicológicos de toda naturaleza, donde las cámaras de tortura estaban situadas a pocos metros de las oficinas de los jefes de la PNC.
Flores nunca persiguió a nadie, ni siquiera al sicópata que asesinó a su suegro, el doctor José Antonio Rodríguez Porth, en 1989.
La muerte, duele mucho decirlo, lo salvó de las más abyectas formas de suplicios físicos, mentales y de imagen. El torturado murió cuando apenas sus verdugos iniciaban los tormentos que habían preparado para su víctima.
Flores voluntariamente se entregó a las autoridades judiciales –no cabe aquí la expresión “entregó a la justicia”, pues tal cosa está dejando de existir en nuestro suelo–, lo que equivale a entregarse a un régimen que persigue implacablemente a quienes se atraviesan en su camino.
Se entregó creyendo ingenuamente que en su país funcionaba una medida de decencia y humanidad de parte de quienes tienen en sus manos la conducción de los asuntos públicos. Murió creyendo que iban a respetarse sus derechos fundamentales por un movimiento que causó setenta mil muertes alegando que lo hacían para entronizar “la justicia” en El Salvador.
Sobran recursos contra inocentes,
pero no contra criminales
La tragedia de Flores fue que, desde antes que iniciara el juicio, él estaba condenado sin que estuviera claro quiénes lo condenaron.
Nadie es capaz de medir los extremos de infamia en los que ciertos seres pueden estar inmersos.
Está nuestro país enfrentando una especie de sicopatía institucionalizada, pues el aparataje montado para destruir a Flores, la víctima expiatoria del desastre nacional, requiere mucha coordinación y autorizaciones desde el más alto nivel.
Fue menester preparar el tinglado con acusaciones diversas, alistar a los que iban a llevar la causa, poner de acuerdo a los carceleros, preparar a los contingentes policiales que se ocuparían de que el reo no se fugara quien se entregó voluntariamente –policías armados hasta los dientes embozados en pasamontañas–, programar a los piquetes de burla, entrenar y supervisar a quienes difunden en las redes sociales insultos y mofas contra sus víctimas. O los augustos secretarios y ministros de esto y aquello de la Presidencia no se daban ni se dan cuenta de lo que sucede bajo sus narices, o son parte de la grotesca conjura para matar a un hombre indefenso.
Esa coordinación tan minuciosa y tan cronológicamente llevada a cabo debe de haber incluido todo el programa preparado para cuando la víctima fuera recluida por quince o veinte años en las cárceles.
Se llegó, inclusive, a involucrar a Salud Pública, que envió médicos a certificar lo que otros profesionales habían ya dictaminado. El milagro es que no hayan forzado a pasar a Flores a dormir en el suelo del Rosales, como en tono burlón sugirió un jefe policial.
Tantos meneos no se realizan para investigar y controlar a los cabecillas de las bandas criminales, lo que deja entrever la clase de agenda roja que tienen preparada para nuestro El Salvador.