Los consulados salvadoreños en Estados Unidos, informan voceros del régimen, están en alta emergencia ante el anuncio hecho por las autoridades de Migración de dicho país de llevar a cabo redadas para expulsar a los inmigrantes ilegales que han llegado en los últimos veinte y cuatro meses, gente que, en una gran parte, huye de la violencia en El Salvador.
Muchos salieron al no tener escape en su propio país –donde las pandillas han ido ocupando más y más territorio–, o saber que están marcados y pueden morir en cualquier momento, o inclusive ser perseguidos fuera de las fronteras.
Un salvadoreño, en Maryland, fue asesinado por pandilleros que cumplían la orden emanada de una cárcel salvadoreña, pandilleros que fueron identificados, apresados y que han sido condenados a cadena perpetua.
Hay una contradicción en esto de la máxima alerta de los consulados: por una parte se busca proteger a personas en riesgo de ser deportados y por consiguiente quedar expuestos a represalias; por el otro, esa “máxima alerta” en Estados Unidos contrasta con la pasividad, inepcia y hasta complicidad del actual régimen para combatir y erradicar las bandas criminales, lo que está convirtiendo al territorio en una especie de tierra de nadie donde las peores barbaridades son posibles.
Esto, a su vez, apunta al grave problema que nuestra sociedad confronta: por una parte, las prioridades del régimen son políticas, “ideologizadas”, dando mayor urgencia “a la lucha” contra “la oligarquía neoliberal”, el parto mental de los comunistas criollos, que a proteger a la población de sicópatas sueltos que matan por matar, como matan las hienas en la selva.
Instituciones de servicio al paísno de servicio a camarillas
A ello se suma la consigna de mantener en funciones claves del Estado a gente y grupos que, una y otra vez, demuestran su total incapacidad para desempeñarlos, como es el caso del aparato de seguridad.
Las bandas criminales han infiltrado a los distintos cuerpos de seguridad –comprobando que el manejo de la seguridad interna de esos cuerpos falla tristemente–, no logran detener la entrada en los penales de ilícitos y teléfonos –incapacidad para hacer eficientes los registros a los reos–, no consiguen anular las señales telefónicas de fuera hacia dentro y viceversa, no han podido desmantelar esas mafias internas.
Y no pueden por la postura de negarse a trabajar con cuerpos policiales externos, temerosos de lo que estos puedan descubrir, como la negativa a crear una CICIES, alegando que “El Salvador no lo necesita”.
Las instituciones, como se comprueba cada día, están para servir al grupo en el poder, para que los activistas del partido tengan puestos y salarios, para proteger los intereses de la nueva clase, no al revés y como en una razonable medida lo fue antes: las instituciones estaban al servicio de los ciudadanos y para dirigirlas o administrarlas se nombraba a personas con alguna medida de idoneidad.
Un país no avanza si los funcionarios y grupos en el poder –lo que es el rasgo esencial de las dictaduras–, se encierran en sí mismos y no buscan entendimientos con sectores, grupos y conocedores de las distintas facetas del quehacer de una nación.
Creerse en posesión de la verdad absoluta es la fórmula más segura al despeñadero, como por desgracia está ocurriendo aquí.