Todas las libertades son imprescindibles para la civilización y la democracia, pero ninguna puede ejercerse a plenitud sin la tutela de la libre expresión, lo que permite denunciar abusos y alerta cuando esas libertades se coartan o suprimen.
Un grupo parlamentario propone sancionar “los delitos contra el honor” con penas de hasta ocho años de cárcel “a quienes difamen, calumnien o insulten”, esto en la era de las agresiones cibernéticas financiadas por regímenes de fuerza.
Aprobar esta propuesta significaría no sólo un grave retroceso para la libre expresión, sino para todas las libertades de que gozan y deben usufructuar los ciudadanos.
Tal reforma facilitaría un blindaje no sólo a las actuaciones de funcionarios corruptos, sino también de narcotraficantes y antisociales, mientras deja en indefensión al cuerpo social. En el caso de personas y funcionarios que ejercen cargos públicos, sólo el escrutinio de informadores, grupos sociales, twiteros, usuarios de Facebook, entidades de defensa social y pensantes, salvaguarda los intereses de la colectividad.
Lo que se difunde en toda clase de medios, incluyendo blogs, mensajes cortos y por la internet es incontrolable, por lo que ninguna ley puede perseguir ni menos enjuiciar a sus autores. Y a ello se agrega la permanente descalificación que hacen los rojos contra sus críticos, como cuando Sánchez dijo que FUSADES es un vocero “de los que más tienen”, al igual que las acusaciones de siempre en la Legislatura contra los productores del país.
La mordaza pretende atacar a los medios organizados y visibles vía interminables juicios, partiendo de antojadizas interpretaciones de lo que se puede decir en un programa televisado o lo que publica un periódico.
La intención es impedir que en El Salvador la opinión pública se manifieste vía una CICIG como en Guatemala y Honduras, que proceda a investigar y denunciar a los corruptos dentro del Estado. Nada de “Primavera Centroamericana” en este suelo.
Callar las investigaciones de Probidad busca la nueva ley mordaza
A lo que lleva esta reforma es a perseguir a quienes denuncian corrupción, difunden lo que da a conocer Probidad de la Corte Suprema, reproducen fallos de jueces o acusaciones de otros parlamentarios.
Con un horror de homicidios diarios, una economía tambaleante, con la reducción del empleo, el empeoramiento de los servicios públicos y las siete plagas que se han desatado sobre esta tierra, el gran remedio es amordazar a la población vía amenazas, procesos y cárcel.
No van a investigar y encausar a narcotraficantes, a burdeleros, a culpables de maladministrar presupuestos, a los que a dedo concedan compras estatales, pero sí quieren arremeter contra quienes denuncian esos hechos calificándolos como “delitos contra el honor”.
Es de importancia vital que la ciudadanía conozca que un funcionario público que gana unos tres o cuatro mil dólares mensuales, sin ningún otro ingreso oficial declarado, al cabo de unos años termine como propietario de bienes muebles o inmuebles que no son congruentes con su nivel de ingresos o con su historial patrimonial familiar.
Esta propuesta de ley se da a la luz de investigaciones de Probidad de la Corte Suprema, promovida en momentos que ha salido a la luz que algunos parlamentarios han sido observados por el incremento exorbitante de patrimonios muebles, inmuebles, o ambos durante su período como funcionarios públicos.
Las dictaduras se sostienen sobre mordazas y la permanente censura, persiguiendo a los que critican y denuncian abusos.