A Fusades, según la diatriba que le lanzó Sánchez Cerén, “los que más tienen” le imponen lo que debe decir, en este caso las inconstitucionalidades del proyectado impuesto a los usuarios de telefonía. Según Sánchez, es la Asamblea la que tiene la potestad de dictaminar si una propuesta es o no constitucional, no la Corte o lo que un tanque de pensamiento afirme.
Sánchez retoma la inveterada acusación de los comunistas hacia quienes les contradicen, oponen o discuten: son unos vendidos “a los que más tienen”, no pueden pensar por su cuenta “ y, por tanto, lo que aseveren es inválido”.
Pero, como decía el pensador peruano Eudocio Ravines, “yo puedo ser un puerco y un asesino, pero eso no invalida mis argumentos…”.
El grave problema delincuencial del país tiene muchos orígenes, desde las depredaciones de la guerrilla en los Ochenta, que sentaron escuela, hasta el deterioro institucional y moral que viene socavando la moral pública en los últimos diez o doce años.
Pero el empeoramiento de la situación se debe principalmente a la incapacidad del aparato de seguridad para poner en pie medidas y estrategias que quiten iniciativa a los delincuentes y ayuden a las comunidades a defenderse.
El planteamiento de Fusades es legítimo, pues los problemas no se resuelven tirando dinero sobre ellos y más cuando en el proceso se debilita la legalidad.
Y a esto se suma otro hecho: la incapacidad tanto de los que manejan Hacienda como los de Seguridad agrava la situación y está llevando a El Salvador a una mayor virulencia de la crisis.
“Sean lo que sean ustedes,
sentémonos a buscar soluciones”
Un gobierno cuya política económica es exprimir tanto al sector productivo como a la población, debilita el cuerpo social y lo vuelve más vulnerable a las bandas criminales.
El impuesto a los usuarios de la telefonía en todas sus facetas, incluyendo los celulares y la importación y renovación de equipos y accesorios, es una monstruosidad en la era de la información, que quiere decir la era en que las comunicaciones son cada vez más una parte esencial de la producción y la economía.
Pero haciendo de lado esa pesante realidad, queda otra: jamás tuvo un gobierno, en el caso previo y actual, mayores ingresos tributarios. El que no haya fondos para combatir el crimen organizado es culpa del ineficiente manejo de la hacienda pública, de presupuestos y préstamos.
Aun considerando el dinero público que, como la ciudadanía está descubriendo, va a parar a bolsillos privados, es tan descomunalmente desacertado el manejo de esos presupuestos que hasta la Corte interviene para amparar a los hemofílicos.
Lo de “vendidos” es grave porque es una prueba de cerrarse a los argumentos de otros, creerse en posesión de la verdad absoluta.
Y un gobierno que en ocasiones pretende ser la voz “del pueblo” tiene, forzosamente, que oír a otros, de la misma forma como en esos mítines del “buen vivir” busca proyectar la idea de que está abierto a todas las opiniones.
Lo que toca a Sánchez es decirle a Fusades: Sentémonos a hablar y a esforzarnos por encontrar salidas al desastre por el que pasa el país.