Yo estoy dando voz y expresando la urgencia que sentimos en el Gobierno (de Estados Unidos) de actuar con la esperanza de que todos nos unamos y de que todos atendamos a este llamado”, al llamado gubernamental de que los sectores vivos del país se unan para combatir la delincuencia y recuperar la paz.
Estas declaraciones las formuló la embajadora Aponte en su visita al Consejo de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, un ente oficial que hasta el momento no ha sido efectivo para enfrentar el espantoso azote de la criminalidad.
El enfoque, por ahora, debe ser combatir la violencia desenfrenada, las extorsiones, el secuestro de comunidades y poblados por las pandillas. A ello se debe agregar la corrupción, la ignorancia, la incapacidad y la inmoralidad que marcan el manejo de los asuntos y bienes públicos.
Un primer y esencial paso es recomponer el Consejo de Seguridad, para que a la par de la necesaria presencia de funcionarios, se incorporen personas y grupos que además de ser conocedores de las distintas facetas que en conjunto se manifiestan en la criminalidad imperante, sepan administrar con eficiencia, pues combatir cualquier lacra comienza por el buen y efectivo uso de recursos.
Los rojos sufren de dos clases de limitantes: una es su inhabilidad para administrar, lo esperado en quienes nunca trabajaron en el mundo real y que debido a ello están provocando una crisis en todos los ámbitos. No podían reparar los elevadores en el Rosales ni las autoclaves del San Rafael ni menos tienen la preparación para enfrentar una criminalidad desenfrenada.
La segunda limitante es un elitismo llevado a extremos, creerse en posesión de la verdad y sentirse por encima del resto de sus connacionales, lo que les conduce a excluir a otros sectores en la lucha contra el crimen.
¿Pueden lograr paz y armonía fomentando el odio de clases?
No es congruente que el oficialismo llame a la unidad cuando la ideología del partido comunista lleva a montar insalvables barreras entre sus miembros y el resto de la población, aun con los tontos útiles y los compañeros de viaje que a la primera son descartados.
El combate a la delincuencia va camino del fracaso sin remedio –y eso lo comprueba el que desde el previo régimen la cosa ha ido de mal en peor– por el hecho de que son los mismos personajes los que asumen la dirección de esa lucha; en ocasiones es el ministro de seguridad, otra el de Defensa, otra designados a dedo.
No se pasa de palos de ciego, de treguas y no treguas, de alianzas electorales para luego rechazarlas, de endurecimiento o ablandamiento de las condiciones carcelarias de cabecillas…
Tampoco hace sentido que un movimiento que se basa en el odio de clases consiga establecer la paz duradera entre todos los sectores.
Es incongruente que se hable de reinserción y al mismo tiempo se persiga el trabajo de adolescentes, como no hace sentido que capturen a un grupo de mareros y los suelten a todos juntos, sin dispersarlos. Y a ello se suman muchas disparatadas disposiciones de la ley minoril, sin duda decretadas para quedar bien con entidades internacionales pero a espaldas de lo que sucede en esta tierra.
Y la más nociva es no poder llevar el historial de delincuentes menores de dieciocho años…