Las amenazas que se ciernen sobre la libertad de expresión en el Hemisferio, en Centro-América y en El Salvador, señaló el Director Ejecutivo de EL DIARIO DE HOY, Lic. Fabricio Altamirano, durante la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa realizada el fin de semana anterior en Panamá, a lo que se agregan atropellos a diarios y periodistas e inclusive asesinatos.
En el convulso mundo de hoy, regímenes de fuerza y sectas enloquecidas buscan silenciar a nivel global, como lo hizo el déspota venezolano Maduro al anunciar que se tomarían represalias contra empresas españolas en Venezuela si continuaban las publicaciones en diarios madrileños revelando los vínculos de capitostes del régimen con el narcotráfico.
Y a ello se agregan los atentados contra publicaciones, caricaturistas y hasta gobiernos por blasfemia, lo que aplica desde París y Copenhague hasta Japón.
En El Salvador las coacciones contra medios independientes y periodistas se vienen dando desde que asume el actual grupo en el poder, que se vale de la publicidad gubernamental, de restricciones a periodistas y de articulados en leyes secundarias que nada tienen que ver con la difusión de noticias, pero que pretenden censurar lo que se dice y publica.
Un caso al respecto es de la rimbombantemente bautizada “ley de seguridad alimentaria” que en la superficie busca proteger a los consumidores pero que además de buscar una regimentación de la agricultura, pretende impedir que se divulgue información a través de anuncios, lo que atenta contra tres derechos básicos:
—el derecho a divulgar de supermercados, productores, comerciantes y agricultores, sobre precios y calidades. No se perjudica a nadie al informar;
—el derecho de consumidores y del público en general, de saber de precios, calidades y ofertas en el mercado, lo que sólo está disponible en la publicidad mediática. No hay otra forma de que un agricultor que siembra tomates en Santa Ana pueda saber lo que son los precios en el Gran San Salvador;
—el derecho de la población de conocer de movimientos económicos en general y de niveles de precios. Y saber de precios no sólo es una guía esencial para el productor sino que contribuye a que los compradores usen mejor sus recursos.
Hay un derecho a informar
y un derecho a conocer
El oficialismo viene usando lo que son dineros públicos para tomar represalias contra los medios de difusión por lo que publican, apoyan, critican o exponen.
Capres, como ninguno de los ministerios y dependencias oficiales, genera riqueza de ninguna clase, sino que usa fondos públicos para todo lo que emprende. Pero al valerse de esos recursos para presionar e intentar silenciar, cae en repugnantes prácticas, pues la mordaza y la coacción es de dos vías: se intimida y amenaza al periodista y al mismo tiempo se impide que el ciudadano conozca.
Hay una triste y trágica historia en nuestro país en lo referente a la libertad de expresión, un derecho fundamental para la existencia y preservación de la democracia.
Este periódico nació en medio de una dictadura y sufrió toda clase de persecuciones por sus contenidos. Fue blanco de ataques durante los años posteriores y asimismo le tocó sufrir el asesinato de seis de sus articulistas, personas de bien que se esforzaban por defender nuestra Patria de la locura guerrillera.
La libertad es de todos, no únicamente de comandantes en el poder.