El señor José R. Arana fue asesinado en Tejutla, hace pocos días, después de que presenció un homicidio y era testigo del caso. Y esa clase de tragedia se repite de manera persistente en nuestro país, donde se producen, inclusive, casos en que un juez obliga a los testigos a quitarse las máscaras que los cubren y ponerse de frente al público en un juicio, de hecho, condenándolos a muerte.
Esa es una de las causas de que en El Salvador haya tantos crímenes sin resolver, que se absuelva a imputados de espantosos delitos, que en muchas colonias “nadie ve nada” y, por tanto, las autoridades no pueden siempre desmantelar bandas criminales.
Por desgracia se dice que la identidad y domicilio de los testigos quedan plasmados en expedientes judiciales y al alcance de muchas personas, lo que se traduce en amenazas a muerte a aquéllos y sus familiares, o a que los asesinen.
Y los jueces que obligan a los testigos a dar a conocer sus identidades, al igual que el personal o abogados que se ha dicho frecuentemente que las revelan, no son sancionados, pese a su complicidad en homicidios y agresiones.
El remedio a este problema es relativamente simple: en países donde impera el Orden de Derecho, el testimonio de un testigo no se invalida si este muere o desaparece, con el agregado de que a los imputados se les duplican las penas o se les considera culpables desde el momento en que un testigo muere. Pero a pesar de que la figura jurídica para anticipar el testimonio existe en la legislación salvadoreña, en varios casos los testigos han sido asesinados o atemorizados antes de rendir su declaración.
A lo más que llega aquí la ley es a darle protección al testigo asignándole un policía para cuidarlo, pero eso no cubre a sus familiares ni impide agresiones por la noche ni se mantiene por más de unas cuantas semanas. Sería imposible y costosísimo asignar policías a que cuiden familias enteras por siempre, más porque la mafias no descansan hasta tomar venganza y sentar graves precedentes en los sitios donde operan.
La ley minoril, un mamotreto casi imposible de aplicar
Que El Salvador ocupe el segundo lugar entre los países más peligrosos del mundo, además de ser el primero en muertes de jóvenes, es la señal más contundente de que el sistema legal no funciona, que las leyes sobreprotegen a los delincuentes en perjuicio de las víctimas, de que hay leyes inaplicables, “pintadas en la pared” para hacer ostentación de una lucha que no se está librando.
Y resulta obvio que una de esas leyes es la Lepina que, en teoría, protege a los jóvenes y les concede absurdos derechos como confrontar a sus padres, pero que es totalmente inefectiva para evitar que las pandillas los recluten, los esclavicen, los transformen en criminales y les arruinen sus vidas.
Entre otras disposiciones está la ley minoril que, también en teoría, protege el honor y el buen nombre de los jóvenes menores de dieciocho años, pero que en la práctica afecta a los normales y decentes y propicia la impunidad de sicarios y traficantes de drogas.
Todos estos males son resultado del sabotaje de los comunistas a reformas efectivas de leyes para combatir la criminalidad, aunado a su incapacidad para formular estrategias y esquemas legales que protejan al honrado, cuide a los testigos, devuelva la paz a las comunidades y contribuya el desarrollo y la recomposición moral.