Los ministros daneses con frecuencia van y vienen a sus despachos en bicicleta, mientras los ministros españoles ocupan limusinas, seguidores y motocicletas abriendo camino aunque, ni de lejos, al extremo de Funes y sus caravanas mortales.
Pese a que Dinamarca se ha sobrepuesto a la crisis económica que afecta a Europa, en particular al sur del continente, lo importante no es tanto ahorrar en un vehículo ministerial, sino dar el ejemplo a la población: hay que cuidar con minuciosidad el ingreso, al igual que ser muy parco en el gasto y vigilar con lupa en qué se gasta.
En la mayor parte de Europa los entes fiscalizadores del Estado, los partidos políticos, en especial la opinión pública y los medios informativos escudriñan lo que los funcionarios hacen, sus modos de vida, prácticas nepóticas, así como las credenciales que tengan para desempeñar cargos públicos, sobre todo cargos en áreas donde se exija mucha capacidad y experiencia.
En España, por desgracia, a pesar de las denuncias abiertas, mucho se abusa, como se ha demostrado en lo que viene sucediendo en Sevilla con el enriquecimiento escandaloso de alcaldes, regidores, funcionarios, allegados al partido oficial. Algunos ya han ido a parar a la cárcel, incluyendo a la cantante Isabel Pantoja por lavado de dinero.
En ningún país el nepotismo —el nombramiento de nepotes, vale decir de parientes y amigotes en puestos públicos— se tolera cuando de lo impropio se pasa al descaro y al abuso.
La práctica en nuestro país ha llegado al extremo que se dice que un funcionario abiertamente ha colocado a su parentela en puestos públicos, otro además de parentela al cuñado en una posición que requiere de mucha capacidad y experiencia, o el caso de Salud, donde sobresale con todo brillo la incapacidad, que se traduce en pésimos servicios, tan malos que hasta un director de policía se burló de la pobre gente que tiene que buscar asistencia en el Hospital Rosales.
Lo que ha prevalecido es repartir puestos indistintamente de las cualificaciones que se tengan para desempeñarlos; lo único que vale es ser militante del comunismo o de los grupos afines.
El nombramiento de incapaces
tiene graves costos para un país
El costo de nombrar gente sin capacidad o no idónea en cargos públicos es, por lo general, enorme. La demostración más contundente es la serie de fracasos que sufre el sector eléctrico. De allí el gran hoyo de El Chaparral; las obras que se deben remendar o rehacer; la contratación al costo de millones de millones de firmas sin grandes calificaciones que, además, como en el caso brasileño, están siendo procesadas por corrupción; el descalabro del Sitramss y del sistema de prepago; el pésimo estado de las escuelas públicas; lo que sucede con los Megatec donde, en teoría, iban a capacitar a jóvenes de la zona oriental; la paralización de las ampliaciones del aeropuerto internacional, la bancarrota estatal…