Las últimas posiciones del Gobierno chocan entre sí: por una parte, en México y luego en Estados Unidos se puso énfasis en el diálogo, en la necesidad de potenciar el desarrollo, en los derechos humanos; por la otra, la Secretaría de Competencia ha puesto en movimiento maniobras para caerle encima a la televisión privada, enarbolando la bandera de la “democratización” de las comunicaciones.
El preludio del asalto es la llegada de un argentino que ha estado al servicio de la Kirchner, mujer que viene persiguiendo a los medios noticiosos, coarta las libertades y maneja una agenda populista y ruinosa que tiene a su país al borde de la insolvencia.
Hay dos caras en el asunto: por un lado la Superintendencia de la Competencia envió un escrito amenazante a las empresas de televisión, anunciando que iban a revisar desempeños de cara al vencimiento de las concesiones; por el otro, el consultor argentino está pidiendo a los canales información de sus negocios, desde sus clientes hasta sus facturaciones e ingresos.
Pero esos son datos confidenciales y, por tanto, patrimonio privado, como son en general los secretos industriales; el ejemplo clásico es el de la fórmula de la Coca Cola.
Es evidente que obtener esa información es de mucho valor para quienes pretenden quedarse con las frecuencias, asignarlas a sus amanuenses y, piensan, hacer el gran negocio, además de restringir y, a corto plazo, suprimir toda opinión, noticia y declaraciones contrarias al oficialismo.
El espectro radiofónico es del pueblo, no de un grupo de políticos
La idea tras esto es que en alguna forma “el Estado” –y por “Estado” hay que entender la suma de políticos e individuos que tienen una medida de control sobre un país– es dueño de las frecuencias, es dueño del espectro radiofónico.
Pero la real y única dueña es la gente, la gente que se beneficia con medios libres, independientes tanto entre sí como del poder político y que sólo cumplen esa función de servicio público cuando no se les coarta y persigue.
A lo que quieren llegar lo expuso el abogado Luis Chávez después de revelar la resolución de la SC que, a su juicio, “adelanta criterio”: se pretende desfavorecer e incluso no renovar la concesión a las radiodifusoras privadas, en beneficio de medios que son afines o abiertamente ligados al partido oficial, FMLN, todo con el pretexto de “democratizar las comunicaciones”.
Lo anterior, señala, “es un atropello a la libertad de expresión y al derecho de cada uno de los salvadoreños de elegir y estar debidamente informados”, como también de poder recurrir a los medios para denunciar abusos, errores, corrupción y desacato a la ley de parte de funcionarios o entidades públicas.
El “espectro radiofónico” no funciona por sí solo, tiene cero contenidos, es absolutamente muerto. Es como “el espectro literario”: sólo si alguien escribe, difunde, publica, informa, hay contenidos; de igual manera, sólo cuando personas, grupos o empresas instalan equipos, asignan personal para operarlos, compran o elaboran contenidos, se trate de música, una novela o un debate, hay algo para ver y oír.
Lo que pretenden los rojos es que los actuales operadores de canales les pongan a su disposición lo que hacen y cómo lo hacen, para luego usufructuarlo, hacer (lo creen) el gran negocio. Pero si tienen quebrado al país van a quebrar a las televisoras…