Proteger el orden legal del país es una cosa y legislar es otra, lo que aparentemente no tiene claro el coordinador de los rojos, quien acusó a la Corte Suprema de “legislar” con sus fallos.
Hay una esencial diferencia, es claro, entre las competencias de un poder y las de otro, sobre todo cuando se tienen que proteger los pesos y contrapesos institucionales. Y la Corte ha venido frenando los excesos y abusos de una legislatura que con sus resoluciones y decretos atropellan las normas parlamentarias, buscan invalidar los derechos de las minorías e ignoran a la opinión pública.
Comencemos por la manera en que los rojos consiguen aprobar lo que maquinan en sus conciliábulos internos: se valen de los votos venales, los de los “tránsfugas”, para pasar por encima de la voluntad del electorado. Y es con esa arma numérica que aprueban madrugones, desprecian la opinión pública, amordazan la discusión de la problemática nacional, desconocen lo que recomiendan las comisiones legislativas, saquean la economía y están endeudando a El Salvador a extremos nunca antes contemplados.
Gracias al voto venal es que le han caído encima a los ahorros de los trabajadores salvadoreños, no sólo quedándose con casi el cuarenta por ciento de los activos, sino también pagando intereses irrisorios por el capital que usan.
Inclusive llega a tal punto la voracidad que pretenden que los recursos acumulados en las Administradoras de Pensiones son “del pueblo” (ellos mismos) y por tanto se pueden usar para pagar las deudas con los pensionados del Seguro y otras entidades, como ya se propuso en la Asamblea.
No poner oídos a lo razonable, a lo que encaja con la experiencia y que beneficia, por motivos evidentes, a la población, es lo que llevó, entre otras cosas, a forzar reducciones en los intereses de las tarjetas de crédito con lo que centenares de miles de personas perdieron esos modestos financiamientos. Y el motivo fue, como siempre, cargar los dados a favor de un sistema propio, un sistema que se puede prestar para manipular a grandes sectores de la población, como el usurero hace con sus víctimas.
Creen los tontos útiles
que la fiera puede perdonarlos
Como contrapartida hay que señalar lo esencial en los fallos de la actual Corte Suprema: exponen públicamente, letra por letra, palabra por palabra, las razones por las cuales se pronuncian en un caso o demanda. Y cada abogado de la República, los contados juristas que hay en esta tierra, los ciudadanos pensantes, estudiosos de la región y del mundo, pueden conocer, evaluar, analizar, respaldar e inclusive oponerse o complementar.
Por encima de ello, la Corte tiene que tutelar los derechos de las minorías, de las instituciones, de grupos sociales, de personas y familias. Y lo tiene que hacer siempre con la ley en la mano y a la vista de todos, indistintamente de cómo llegue a una conclusión.
Y resguardar los pesos y contrapesos institucionales es una de sus fundamentales tareas, pues de no existir esos balances, lo que garantiza una medida de equilibrio y decencia en el manejo de la cosa pública, casi de inmediato se caería en una dictadura.
Tal pretensión no la esconden ni disimulan los rojos, sus diputados y los tontos útiles que se prestan a sus maquinaciones, creyendo, como lo dijo Churchill, que ellos serán los últimos a quienes devore la fiera.