El régimen declaró que los asesinatos de policías no quedarán impunes, por lo cual anuncia que se solicitarán más préstamos “para seguridad, salud…”, educación de infantes, reparto de víveres…
Las muertes pareciera que no despiertan ninguna compasión entre los que integran el gabinete o la cúpula de seguridad, aunque los jefes inmediatos asisten a las honras fúnebres. Los asesinatos no paran; en lo va del año suman 32 policías victimizados. Lo que sí asombra es que esos hechos se usen para justificar más préstamos; vale lo de “útiles después de muertos”.
Pareciera que no se va más allá de declaraciones. Hay frases de solidaridad para con los asesinados y sus familias, aunque no se cuente con un seguro de vida amplio. La mortandad se contempla como cifras estadísticas, como si se tratara de víctimas de una maldición que desde el más allá castiga a los salvadoreños.
Excusas sobran para seguir endeudando al país, más cuando hay prestamistas que se deben regodear viendo cómo meten a los salvadoreños más y más en el hoyo de la insolvencia. Y usar el horror de los asesinatos de policías para justificar más préstamos, bordea lo absurdo.
Lo que procede no es tirar más dinero sobre las actuales y fracasadas estructuras de seguridad, sino renovarlas de raíz, colocando en ellas a funcionarios experimentados y capaces, buenos administradores de recursos y con la solvencia para tratar con sus homólogos regionales lo que es un común problema.
Las redes criminales sólo se pueden combatir con efectividad involucrando a todos los países de la región y buscando asistencia de cuerpos de seguridad externos, como ya la hubo en El Salvador con una misión francesa.
Las grandes deficiencias se manifiestan tanto en el hecho de que, en las propias barbas de las autoridades, haya agentes al servicio de mafias, como porque es usual que cuando se montan operativos para limpiar una zona de delincuentes o capturar involucrados en crímenes, los pájaros hayan volado.
Y a ellos se agregan los contactos que miembros del partido oficial mantienen con grupos delictivos para controlar votantes, vigilar mesas de votación, decomisar los DUI, custodiar urnas, favores que, en alguna forma, se corresponden.
Topan la tarjeta, siguen gastando y quieren que el pueblo la pague
Las deudas no tienen consecuencias hasta cuando llega el momento de pagarlas —y pagarlas no tocará a los que ahora gastan ese dinero, los del régimen, sino a la gente de trabajo, a los productores, a los consumidores—, ya que esas deudas afectan el quehacer económico del país pues distorsionan los procesos naturales del intercambio.
Gente que no produce prácticamente nada, pero que consume en demasía (los miembros del régimen y los mantenidos) compiten por bienes y servicios y, en tal manera, elevan los precios de todo.
Es la ley de Say: una persona que trabaja contribuye a la riqueza general con su esfuerzo; una persona que sólo consume recibe un salario sin aportar nada de valor, daña al resto pujando por bienes y servicios a los que ella no agrega nada.
La enorme masa de burócratas sin oficio, fuera de marchar y hacer activismo político, es como el conjunto de los zánganos de las colmenas, que liba la miel producida por el resto de las abejas, sin aportar lo suyo.
Nadie se nutre de una manifestación frente a la Corte Suprema o de los meneos de quienes andan propagando resentimientos sociales… El régimen está como el hombre que topa la tarjeta en compras inútiles, que no sabe cómo va a pagarla, no quiere ponerse a trabajar y, como remedio, recurre a más préstamos que el pueblo pagará.