“…la administración no tiene los dientes suficientes como para tener una cobranza masiva…”, dijo el ministro de Hacienda en una entrevista, dejando entrever que el régimen pretende que la evasión fiscal sea castigada con penas de cárcel, indistintamente de los perjuicios que ello causaría a la economía en general y a negocios y empresas en particular.
La tesis es que al contribuir con sus impuestos los negocios, grandes, medianos o chicos, se benefician de un mejor clima social. O, en sus palabras, “ellos van hacer negocios más fluidos en la medida en que este país tenga más paz social y estos ingresos son para generar bienestar social, para generar, para financiar los programas de los pobres, entonces no es un problema que yo quiera decir los ricos y los pobres, no, pero si esto de alguna manera les va a generar una tranquilidad donde ellos van hacer negocio, en negocios rentables, pues esa contribución la deberían de hacer gustosos porque forma parte de mejorar el ambiente en donde no hay tanta calamidad como la que realmente tenemos y en donde el dinero se va a destinar para ello…”
El problema es que el dinero, a juzgar por todas las señales del creciente desastre en los servicios sociales, se está destinando en mucha mayor medida a sostener una burocracia parasitaria —los treinta mil nuevos empleos más otras diez mil contrataciones de correligionarios, parentelas y amigatelas— que en cumplir con tareas esenciales de gobierno, entre ellas la principal que es proteger a la población de criminales y del vicio.
Por desgracia si a ello se suma la incapacidad para administrar recursos y el uso de grandes partidas presupuestarias para obras inútiles como el enorme hoyo de El Chaparral y el Sitramss, nos presenta el triste cuadro de lo que en estos momentos sucede.
Una cosa es la música que tocan, otra, la realidad del desastre
Pero hay otra faceta mucho más importante en esto: la de quitar, “roer hasta el hueso con los dientes que ya se tienen”, a empresas que trabajan con eficiencia, sostienen empleo, producen los bienes que demanda la población y son parte integral del engranaje productivo, para ponerlos en manos de burócratas incapaces de administrar y que persiguen beneficios políticos para ellos y no objetivos de desarrollo y progreso.
Un ejemplo es la ocurrencia de los zapatitos y los uniformes, beneficios que se lleva el viento y que se hacen sobre las espaldas de quienes elaboran esos artículos, en lugar de mejorar las infraestructuras escolares, desde los ya famosos techos que están en pésimas condiciones en su mayoría, hasta abastecimiento de agua y servicios sanitarios que lo sean no sólo de nombre.
La marcha de los maestros de hace unos días es la mejor demostración: el sistema de enseñanza no obtiene los recursos para terminar el año; los mentores, por su parte, piden algo imposible en estos momentos, aumentos salariales, cuando nadie les garantiza que podrán recibir a tiempo los salarios que tienen asignados.
Como la fricción en física, poner en manos de gente sin experiencia ni entendederas el manejo de recursos, causa pérdidas graves a las entidades en que están nombrados y, lo más aflictivo, al país. Ese problema, el de los efectos que una política fiscal de saqueo acarrea al bienestar general, no se toca.