Que el régimen del “cambio” ya manipuló el servicio de agua para finalidades políticas —quitando a unos sin necesidad e incumpliendo con otros— quedó demostrado a la llegada de Funes, cuando limitaron el abastecimiento en la Escalón y San Benito para “vengarse de la oligarquía”, sin que ello mejorara los servicios en el resto del Gran San Salvador.
En otro caso, se rumorea que el servicio de agua fue suprimido a la Alcaldía de San Salvador para forzar la rápida autorización de permisos municipales para un gran negocio montado con dinero robado al erario.
Y a similares o peores cosas se expone el país si el agua queda bajo control del gobierno y no en manos de un ente autónomo.
O, como lo dice Waldo Jiménez, de ANEP: “La diferencia fundamental entre el proyecto de los regantes y el del MARN es que el primero busca el uso sostenido del recurso hídrico, mientras que el segundo busca “administrar la escasez”.
Pues escasez, desabastecimiento, penuria, colapso de los servicios, pésima administración, favoritismos, presiones y paralización de la infraestructura es lo normal en todo lo que toma en sus manos el régimen, como es lo que sucede en Venezuela, donde los cortes en el suministro de agua y de energía son cotidianos.
Caeríamos en una especie de “aguatramss”, en la clase de desastre que se padece con ese descabellado proyecto, cuya puesta en marcha se alarga sin término y que ha destrozado mucha infraestructura vial.
Una entidad autónoma reúne a entidades, personas y asociaciones que se interesan por el agua, su uso, conservación, reserva y futuro de fuentes tradicionales y potenciales, sea fomentando la creación de reservorios y represas, o vigilando el mal uso y la contaminación de las fuentes.
Sale una diputada a asustar con el petate de la privatización
A falta de argumentos, una diputada roja salió asustando con el petate de la “privatización”, como si las entidades autónomas fueran como el Grupo Alba o como los corruptos que adquieren mansiones y ponen en marcha negocios privados echando mano de fondos públicos.
El MARN ni las estructuras estatales han presentado propuestas que sean viables ni originales que incrementen el abastecimiento del agua, que mejoren los mantos freáticos, que reduzcan la contaminación y que abaraten los servicios.
Lo más grave es que “el Estado” (léase la voraz burocracia que ha tomado por asalto el país) dispone como propios lo que son recursos nacionales y, en el caso del agua, recursos que se deben utilizar para mejorar infraestructura y desarrollar nuevas fuentes de agua, no para sostener empleomanía.
Las experiencias de otros países demuestran que donde los gobiernos centralizan el control del agua el esquema fracasa, pero cuando son entidades autónomas, que no son privadas, las que rigen, los resultados son positivos.
La diferencia también se encuentra en un contundente hecho: los entes autónomos asumen responsabilidades frente a los gobiernos, las entidades fiscalizadoras y el público; los ministerios, como se ha visto en los últimos diez años, sólo responden al Ejecutivo y sólo ejecutan sus políticas, sin que haya espacio para grupos independientes o usuarios, de discutir, analizar, rechazar, apoyar o sugerir. La mejor demostración de la incapacidad del actual régimen en hacer bien las cosas es el Sitramss, los servicios públicos, el gran Puerto y el Aeropuerto en abandono…