El intento de caerle encima a piezas de museo de la Corte de Cuentas, ha denunciado el Sindicato de Trabajadores de la entidad. Incluso señaló que dos altos funcionarios ordenaron “privatizar” esos bienes públicos, todo coincidiendo con el término de la presidencia del hombre del “finiquito exprés”, el del elegantísimo traje plateado a lo nuevo rico.
No es nada nuevo. En las redes sociales se han consignado fotos de televisores y lo que parecen ser muebles y cajas diversas saliendo de la Casona, posiblemente destinados a alguna residencia alquilada.
Privatizar lo público en beneficio de exfuncionarios es una práctica común aquí y allá, como al finalizar la presidencia democristiana fue el saqueo “hasta los clavos” de la Casa Presidencial, mansión que los areneros encontraron barrida y donde faltaban desde sanitarios hasta puertas y enchufes eléctricos. Una similar barrida encontró Quijano en la Alcaldía al finalizar la administración efemelenista anterior, la que tenía a San Salvador convertido en un basurero lleno de prostíbulos.
Para ciertos funcionarios que van de salida “lo normal” es acarrear con laptops, cuadros, sillones y el escritorio en que se sientan.
Pero tales saqueos, que acarreen con televisores, muebles de mal gusto, cortinajes o inodoros, pese a ser una falta grave es menos perniciosa que firmar contratos a última hora, despojar de sus empleos a personal para colocar desde la mujer hasta numerosos sobrinos, firmar concesiones como lo que se quiso hacer con las empresas que funcionan en el aeropuerto, dejar antecedentes ruinosos en regulaciones innecesarias.
Nadie sabe qué compromisos se han adquirido con empresas brasileras que son de segunda clase, que cobran como de primera y asesoran como de cuarta (allí está el desastre de El Chaparral) e igualmente con los permisos a nuevas líneas aéreas montadas con fósforos y lo que puede venir en el Puerto de La Unión.
¿Quién sostiene a los zánganos
de la colmena? El pueblo entero…
Los sindicalistas de la Corte de Cuentas han lanzado la voz de alarma, saben la clase de objetos y cosas de valor que hay en la institución, conocen la dirección donde presuntamente esa propiedad pública sería acarreada y no cesarán de protestar mientras los bienes no se restituyan.
Pero muy distinto sucede con los nombramientos a última hora que son una más perniciosa clase de saqueo de las arcas públicas y de daño a la colectividad, pues la pretensión es que “de allí en adelante” el pueblo salvadoreño cargue con el mantenimiento de parásitos sociales, de gente sin mayor capacidad y nula experiencia a la que hay que pagarle salarios, dotarle de mobiliario, costearle vacaciones y retiros, sufrir sus ocurrencias y desmanes.
Hay que ver lo que sucede con la Alcaldía de Santa Ana, donde seguramente la partidocracia ha inflado a tal grado el personal que casi todos los ingresos de la comuna se van en salarios, por lo que queda muy poco para los servicios que deben prestarse y nada para inversión, hinchazón que es norma en Salud Pública, en el Seguro Social, en los ministerios a partir del “gobierno del cambio”, en Capres… hordas de nombrados a dedo que consumen y estorban pero hacen poca cosa.
Aunque ingenuamente se crea que la carga recae en quienes pagan los impuestos, vía traslado de costos a los consumidores, el pueblo entero carga el peso.