Las alzas de impuestos a muy corto plazo, casi de inmediato, afectan a la inmensa mayoría de pobladores y actividades de un país. Afirmar lo contrario es un engaño, pues por los vasos comunicantes de la actividad económica, termina pagándolas toda la población, desde los niños por nacer hasta los que acaban de morir.
La nueva ocurrencia, o atropello, es gravar lo que el régimen califica de propiedades “suntuarias”, que van desde las casas de playa hasta terrenos, viviendas, edificaciones en proceso, etcétera, que en total y de seguro según evaluaciones que haga Hacienda, tengan en conjunto un valor que sobrepase los trescientos cincuenta mil dólares. El impuesto retoma el concepto de “tierras ociosas” que, entre otros efectos, llevó al descalabro de la reforma agraria.
Son varios los reparos que se pueden hacer a este impuesto del resentimiento social, comenzando porque alguien que tenga una casa de playa en Conchalío tiene que pagar, pero si en cambio posee suntuosas viviendas en Sudamérica, queda exento.
En un momento en que la industria de la construcción, gran generadora de empleo, está estancada, nuevas cargas sobre la propiedad desalientan inversiones, inversiones que el país necesita como son casas y edificaciones para alquilar. Y esas cargas tributarias elevarán los costos de los negocios o los particulares que no pueden invertir en sus propios inmuebles y alquilan los de otros.
Construir para alquilar es una inversión tan válida y necesaria como cualquier otra, no un gasto “suntuario”. Y quienes alquilan pueden producir bienes y servicios sin asumir la carga adicional de tener sus propios locales, lo que vale tanto para una maquila como para un bufete de abogados o una tienda de barrio. Un muy gran porcentaje de salvadoreños vive en casas alquiladas, como vivió el presidente Funes hasta que fue nombrado candidato.
Las maquilas y zonas industriales son un ejemplo de cómo “construir para alquilar” permite formar núcleos productivos. Los inversionistas, que pueden ser sociedades o personas, adquieren terrenos, los urbanizan y construyen con la expresa intención de ofrecer esos locales a firmas internas o extranjeras que quieran instalarse.
En muchos países, locales y hasta viviendas se ofrecen a potenciales fabricantes para que lleguen y se instalen allí, sin el costo (que al inicio de operaciones de una empresa es una carga importantísima que pocas pueden asumir) de construir sus propias instalaciones en lugares donde ya hay servicios y una comunidad.
A ello se suman factores imprevistos que se suman al riesgo que acarrea toda inversión, desde el inquilino que no paga y además causa daños a los locales que ocupa hasta locales que se abandonan por efecto de extorsiones y el deterioro de zonas por la delincuencia.
De las doscientas mil viviendas prometidas, llegaron a dos mil
Contar con una o varias “segundas viviendas” para vivir de los alquileres es una de las maneras como familias se preparan para su retiro, o protegen a hijos o hijas que no pueden valerse por sí mismos. Y esas inversiones, para ser realidad, generan empleo, contribuyen a mejorar las ciudades, alivian las cargas estatales de sostener y cuidar a personas de la tercera edad.
Al asumir el régimen ofreció construir doscientas mil casas y desarrollar grandes proyectos habitacionales como “Nuevo Mejicanos”. No pasó de un par de miles de viviendas pero ahora van a paralizar lo que los particulares realizan.