Otro bozal pretende poner al país el partido rojo, esta vez incluyendo a los medios de difusión en la ley de lavado de dinero, ley de la que ellos mismos se excluyen pese a los obvios manejos de dinero sucio en la política nacional y las transferencias monetarias de regímenes extranjeros al partido en el poder.
Es imposible la coexistencia de informadores libres e independientes con regímenes radicales de izquierda, lo que ha llevado a la serie de ataques, restricciones, mordazas y boicots del actual régimen a diarios, emisoras y noticieros diversos en El Salvador.
En El Salvador hay libertad de expresión, pero cada día que transcurre se maniobra, por la actual presidencia y el partido oficial, para intimidar, lesionar, perseguir o censurar, desde boicots publicitarios con dineros públicos, hasta promulgando leyes para proteger delincuentes que participan en la campaña electoral.
La causa es muy simple: los rojos y sus aliados no toleran críticas, señalamientos, discusión, revelaciones o noticias que no les favorecen. Y de allí los permanentes meneos del régimen para controlar lo que se dice y se piensa en nuestro país, que es a grandes rasgos lo que los salvadoreños piensan, expresan y comunican.
Los medios tradicionales, los de larga andadura, no tienen nada que esconder porque trabajan de cara al país, no captan dineros del público y son empresas sujetas a las leyes de la República, supervisadas permanentemente por las entidades oficiales que controlan, auditan y vigilan al sector formal de la economía, incluyendo lo relacionado con el pago de prestaciones y lo que se contribuye a entidades como el Seguro Social o el fondo de pensiones.
Las empresas someten sus balances financieros a Hacienda certificados por los auditores externos, que pueden ser encarcelados si hay falsedad en la información.
La Superintendencia de Sociedades Mercantiles vigila movimientos referentes a los accionistas, sus derechos y obligaciones.
No se pueden importar materias primas, servicios, programas, equipos, maquinaria, tecnología o pertenecer a asociaciones, sin que el gobierno esté enterado. A ello se suma el permanente monitoreo de lo que se transmite o divulga, más las permanentes campañas de difamación financiadas por los rojos y gente de gobierno para desprestigiar columnistas, editores, reporteros, dueños de medios y la industria en general.
Lo que buscan es tapar las sinvergüenzadas del régimen
Incluir a los medios de difusión en la ley de lavado es parte de la campaña de difamación e intimidación del régimen, montar una excusa para entrometerse en lo que se hace en una emisora o un periódico, para coaccionar y amedrentar.
Lo hacen precisamente quienes están al servicio de regímenes foráneos y reciben dinero de los mismos, caudales que no se fiscalizan por nadie y que financian además la campaña política roja.
Los medios son el objetivo inmediato, la trinchera que se agrede, pero el propósito es esconder de la gente las sinvergüenzadas del régimen, lo que quieren luego hacer por decisión arbitraria e unilateral: la imposición de una dictadura implacable donde nadie puede hablar, nadie puede enterarse de lo que sucede realmente en su país, nadie está a salvo de ser vigilado y de ser castigado por hacer lo que no gusta al capataz.
Ninguna empresa que se aprecie y cuide un prestigio ganado a lo largo de decenios se prestará a “lavar dinero”.