SUMMUM IUS, SUMMA INIURIA: Un derecho innegable se transforma en irritante injusticia cuando, llevado a sus últimos limites, invade la esfera de otros derechos.
Es inválido a estas alturas de la campaña presidencial esgrimir argumentos o sacar a la luz oscuras legislaciones para cancelar una candidatura, pues el perjuicio que se causa a un partido, a su militancia y a la convivencia ciudadana, sobrepasa con mucho la rigurosa aplicación de un artículo de la Constitución, tan llena de aspiraciones y detalles que nunca cobran vigencia.
Hubiera sido deseable que las peticiones de nulidad de candidaturas se resolvieran hace mucho, cuando los partidos y el público estaban en posición de reagruparse y adoptar las estrategias requeridas para mantener unidad y presentar nuevas candidaturas. Pero a estas alturas, cuando estamos en medio del río, presionar es buscar ventajas para otros partidos a costas de uno.
En el Derecho Constitucional hay que distinguir entre disposiciones de ocasión, discrecionales, que cambian de país en país e inclusive de generación en generación, y lo que son derechos, deberes y consideraciones medulares.
La candidatura de Saca no cambia por un aspecto formal, no esencial, como es el caso del requerimiento que no se aplica, de que los candidatos sean de moralidad e instrucción notoria, pues eso sí afecta profundamente una posterior presidencia.
A una sociedad no le perjudica mayormente que un candidato cumpla al detalle con requisitos formales, pero sí le daña que no cumpla con exigencias de decisiva importancia, como son las referentes a la idoneidad moral e intelectual para desempeñar el cargo de Presidente de la República.
Al aplicar una disposición menor a una candidatura hay dos aspectos que deben regir la decisión: el primero, lo concerniente a la persona en sí, a su postulación al cargo público; el segundo, que para nosotros tiene un rango superior, es su efecto sobre la colectividad y la percepción general que hay respecto a la equidad y la limpieza de una elección.
Nunca se puede lavar la sangre derramada de niños
El problema de la candidatura de Saca contrasta con la enormidad de las objeciones que se pueden hacer contra los dos candidatos comunistas y que no cuesta enumerar:
–la primera, por declaraciones de sus mismos patrocinadores, Venezuela, a través del Alba, se está entrometiendo en cuestiones internas de El Salvador al financiar la campaña roja;
–lo segundo, no hay ocasión en que el candidato comunista no asista a reuniones y congresos del exterior, en los que no muestre su solidaridad con regímenes dictatoriales que atropellan derechos y libertades esenciales de sus connacionales, comenzando por Cuba e incluyendo lo que es prácticamente un narcoestado, Bolivia;
–lo tercero, ninguno de los dos candidatos llena el requisito constitucional de instrucción notoria, vale decir contar con los conocimientos, la experiencia y los criterios para dirigir con sensatez y patriotismo los destinos de los salvadoreños;
–lo cuarto, ambos candidatos arrastran tras de sí un pasado de violencia y oprobio, incluyendo delitos que nunca prescriben en el Derecho Internacional: el uso de niños y menores de edad como soldados, como carne de cañón. No hay legislatura, acuerdos o amnistías que borren la sangre de niños.
Nuestro país no puede caer en una ceguera moral, en ver vicios menores, las pajas en ojo ajeno en unos e ignorar hechos perpetrados por otros que son monstruosos.