El saqueo no es sostenible en El Salvador ni en ningún país del mundo. Y saqueo es lo que se viene perpetrando sobre la economía y sobre la población.
Para reordenar las finanzas públicas y no continuar el desbocado endeudamiento en que se ha caído, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), indica que El Salvador necesita de una política fiscal sostenible que apoye el crecimiento, fomente la equidad y se adapte a condiciones cambiantes del entorno internacional. Además requiere de reformas en ingresos, gastos y transparencia.
Al comienzo del actual régimen, el país venía enfrentando un desfase entre ingresos fiscales y gasto lo que, entre otras cosas, llevó a meter mano en los ahorros de los trabajadores. Los programas sociales implantados no sólo no resolvieron el problema de la pobreza, sino también dio inicio a una regresión: después de que se había venido reduciendo el porcentaje de familias clasificadas como pobres, estas se empezaron a incrementar, en parte, debido a un descenso en el crecimiento económico.
Menos inversión significa menor crecimiento y menores oportunidades de empleo. Y cuando la gente carece de empleo organizado, se ve forzada a trabajar en lo que sea, pasando las peores penurias.
El país sufre del efecto de tener en medio del cuerpo estatal un agujero negro que devora recursos que se pierden. Una vez que el agujero engulle dineros, agujero que son las tragaderas de la nueva clase, ningún céntimo reaparece en beneficio del colectivo.
El análisis realizado por el ICEFI, en palabras de uno de sus funcionarios, el economista Ricardo Castaneda, muestra cómo, pese a los incrementos en las tasas nominales de impuestos, la gente se ve forzada a pagar más de lo que gana o produce, por lo que la recaudación ha ido disminuyendo lo cual, a su vez, aumenta el déficit.
Castaneda describe lo que ocurre, así: “La constante falta de liquidez, la necesidad de atrasar los pagos de adquisiciones de bienes y servicios y, recientemente, el incumplimiento de una fecha en el servicio de la deuda del Fondo Nacional de la Vivienda Popular (Fonavipo), que incluso produjo la degradación de dicha institución a la última categoría en calificación de riesgo: “cesación de pagos”. Fonavipo dejó de pagar, su presidente insultó a la calificadora y, como recompensa a su labor, labor de hundir el crédito de Fonavipo, recibió una promoción.
La gente de a pie, sin empleo estatal, no siempre recibe aguinaldo
Hay menor recaudación pero más gasto en burocracia y en despilfarros como las bonificaciones que se reparten a personas que ya tienen empleo pero que paga toda la población, incluyendo a los que no tienen empleo pero cuyos costos de vida se han incrementado.
Por causa de los incrementos en burocracia ––de golpe hubo un aumento de veinte mil empleos para acomodar a miembros del partido oficial, incluyendo a activistas políticos— en la actualidad hay ciento cincuenta mil burócratas, sin incluir al Ministerio de Defensa, los Órganos Judicial y Legislativo, Corte de Cuentas y otras empresas públicas. Y todos estos empleados esperan un aguinaldo que, en las actuales circunstancias, no se puede entregar o será menor a previos pactos.
La Corte Suprema de Justicia cedió a las presiones de los empleados para que les subieran la bonificación de setecientos a novecientos dólares, amenazando con medidas de fuerza si no se los daban.
Aguinaldos que nadie entrega a la gente de a pie, quien es la que paga la fiesta…