No cuenta el TSE con ninguna facultad para censurar, dirigir, coaccionar, alentar, propiciar, vetar o interferir con el trabajo de los medios de comunicación, como lo señaló en su última conferencia informativa el Arzobispo de San Salvador. Si la democracia como sistema político se fundamenta en el voto libre, informado, secreto e individual, conocer lo que son, han sido y pueden ser las personas que lleguen a dignidades públicas, es una necesidad esencial de los ciudadanos y de la Nación.
Nadie quiere que su vida, la de los suyos, su trabajo y sus libertades caigan en manos de individuos carentes de moralidad, sin instrucción visible, sin antecedentes de honorabilidad, sensatez y conmiseración por sus semejantes.
Por lo mismo, revelar sicopatías, crímenes perpetrados, estafas, saqueos, robos y malversaciones cometidas, es un servicio que se hace a la población, al derecho de saber, cuando no saber puede acarrear desgracias sin nombre.
El TSE tiene definidas funciones que llevar a cabo. Una de ellas, fundamental, es no pasar por encima del ordenamiento legal de la República ni menos coartar derechos y libertades fundamentales, cual es la libre expresión.
Ninguna disposición legal faculta al TSE a imponer caución o censura previa, que es en lo que se convierte la amenaza que ha hecho circular. No pueden haber dos ordenamientos constitucionales, uno lo plasmado en las leyes, otro lo que se les antoje a los magistrados del Tribunal Electoral.
Abjuren de su pasado, confiesen lo que deben confesar
Como dijimos ayer, los funcionarios tienen delimitado por ley lo que están autorizados a hacer y a cumplir y nada más. La ley les prohíbe rebasar esas facultades; ningún funcionario puede actuar a su antojo, “porque la ley no se lo prohíbe”, pues ello abriría las compuertas a todo abuso y exceso, llevando al autoritarismo primero como en el caso que planteamos y a la dictadura.
Tampoco puede una ley, cualquier ley, contener disposiciones que violan derechos y libertades esenciales, pues esas disposiciones equivaldrían a una violación “legal” de la ley superior. No puede un articulado de una autónoma o de un organismo estatal desconocer o dar licencias para que un funcionario desborde sus atribuciones, pues entre otras consecuencias convertiría a todas las legislaturas en asambleas constituyentes, lo que de por sí vendría a ser una contradicción flagrante del ordenamiento jurídico del país, de todo país enmarcado en el Orden de Derecho.
Y facultar al TSE o al Ejecutivo o al Ministerio de Trabajo a convertirse en censor de sus conciudadanos sería la ruta segura al despotismo.
Es hasta cierto punto explicable que miembros de la secta corran a auxiliar a su portaestandarte, al que le sacan los trapos tremendamente manchados, al sol de la opinión pública. Pero eso desvirtúa, viola la imparcialidad como institución del TSE y su ética como servidores públicos a los magistrados.
La yunta esa no es ejemplo para nadie, no es garantía de nada bueno para una nación suficientemente victimizada y saqueada a la que inclusive han llevado a la bancarrota. Lo que corresponde es que los señalados abjuren de su pasado, revelen lo cometido y pidan el perdón de la gente, tanto de los familiares de las víctimas causadas, como de las comunidades y sectores que perdieron hijos.