La Asamblea rectificó la monstruosa recomendación hecha al régimen de no cumplir con el laudo arbitral ganado por Enel, pues ordenar por ley que se rompa la ley dejaría a El Salvador en la esfera de los estados malandrines, con todas las nefastas repercusiones que tal cosa acarrea.
Es grave el camino que está siguiendo nuestro país de desmarcarse del Orden de Derecho vigente en los países desarrollados como de las convenciones internacionales en lo referente a convenios, laudos y obligaciones propiamente jurídicas, para caer en las “justicias inventadas” del partido en el poder y sus cohortes.
Hay convenios vigentes que atolondradamente fueron firmados pero que no tocan lo sustancial en lo que respecta al Derecho en sí, a lo que rige por milenios, desde los babilonios y los romanos. Uno, a guisa de ejemplo, son las regulaciones sobre adopción o las ilusas aspiraciones de la ley Lepina, al igual que lo referente al trabajo de menores y las presiones de entidades como la OIT.
A causa de las disparatadas legislaciones en que hemos caído es preferible que un joven no trabaje o ejerza de aprendiz, a que se convierta de inmediato en un potencial miembro de las maras.
Quedaremos desprestigiados y endeudados al tope
Pero lo que nos está llevando al descrédito total es la postura que, por disposición de la Asamblea o fallo de tribunales locales, se pase por encima de contratos firmados o de condenas de otros tribunales, como sucedió con la creación de LaGeo y la figura de que “el Estado” es dueño del subsuelo y, por lo tanto, puede revertir concesiones ya firmadas.
Ahora mismo el Fiscal General ha dicho que su misión es “defender al Estado” en lo que respecta al litigio planteado por Enel, dando a entender que, en esa forma, se adelantan los intereses de la gente en el país.
Pero no hay país desarrollado donde tales altisonantes “principios” valgan, como eso de que no puede “el Estado” conceder la explotación de fuentes geotérmicas o minas de oro. Y un caso es el de Islandia, cuyo desarrollo se debe precisamente al aprovechamiento con alta tecnología, de la energía volcánica.
Ni los salvadoreños habrían podido desarrollar la geotermia, ni los islandeses, de no ser por las concesiones otorgadas a empresas líderes en sus respectivos campos. Originalmente era impensable que al frente de organizaciones técnicas y de un superior desafío administrativo, colocaran a politicastros ignorantes de tales temas antes de instalarse en sus oficinas.
Un gobierno defiende a su país cuando cuida su crédito, cumple con normas internacionales, genera confianza de los inversionistas, mantiene la paz y la seguridad interna y toma los cuidados necesarios para nombrar en funciones claves, a personas honestas, sensatas y con experiencia. No son los cargos públicos premio para borrachos, incapaces o corruptos que hayan hecho favores a mandatarios o por ser parte de estructuras partidarias.
La pataleta montada con el caso de la geotermia tiene más el aspecto de encubrir un saqueo que de proteger los intereses de un conglomerado que necesita de fuentes renovables de energía y eficiencia en su aprovechamiento, como igual de agricultura próspera y fábricas de empleo verdaderas.
En la ruta que vamos, el país está quedando endeudado al tope y desprestigiado también al tope.