Continúa el desvalijamiento de los pobladores para mantener opíparamente a la nueva clase política.
Los salvadoreños tendrán que cargar con la incapacidad de los que manejaron Fonavipo, ente que no pagó a tiempo su cuota al Banco Centroamericano y cuya calificación fue rebajada a causa de ello, afectando el crédito del país.
Es casi seguro que los dineros para el salvataje salgan de los ahorros de los trabajadores, fondos que vienen usando, desde hace un tiempo, el actual y el previo régimen.
Esto y más es parte del paquetazo de impuestos para cubrir los despilfarros y los incrementos en la burocracia. No se recortan gastos sino que, de nuevo, se mete la mano en los bolsillos de la población.
La idea que se presenta al poner impuestos a “artículos suntuarios”, comenzando por las casas de playa, es que los afectados son los “ricos” y las clases altas, dejando sin tocar a la clase media y la clase popular.
Pero las medidas clasistas, como la persecución montada a los emprendedores, de inmediato afectan a la clase media que depende de las estructuras productivas de más alto nivel, para luego extenderse por todo el cuerpo social. En las empresas y negocios laboran desde ejecutivos y administrativos hasta bodegueros y transportistas.
Todo lo que hacemos y lo que mantiene nuestras vidas está interconectado. Ir contra las casas de playa afecta la construcción, los equilibrios económicos que sustentan el turismo, las comunidades donde están ubicados los lugares de recreo.
Si los sectores productivos funcionaran en forma independiente unos de otros, los paquetazos de impuestos sólo habrían afectado a un número de empresas y negocios, sin que hubiera cambios en el resto. Pero lo que estamos contemplando, una calamidad general que golpea a prácticamente la totalidad de la población, demuestra que no se pueden dar palos a unos sin que les caigan a casi todos.
El país debe prepararse para concesiones y contrataciones a dedo
Hay por desgracia en los sectores radicales la idea de que sólo puede construirse después de destruir hasta la raíz, que para sembrar la nueva cosecha se debe dar fuego a todo. El gran saqueo es parte del programa de “purificación”.
Y decimos “casi” por la salvedad lógica: los zánganos de la colmena están mejor que antes, como ellos mismos lo ostentan en un estilo de vida que nunca tuvieron.
El nuevo paquetazo, al igual que los millonarios créditos que se desvían a finalidades distintas de las que en un principio se anunciaron, no contribuyen a mejorar la infraestructura nacional ni dejan obra perdurable: todo se va en consumo, o en cubrir faltantes causados por mala conducción e incapacidad para administrar recursos, como en el caso de Fonavipo.
Hay, empero, una impresión que se ha ido generalizando de que estos paquetazos son parte del “saqueo final”, de exprimir a la res-pública todo lo que se pueda antes de entregar el poder.
El país debe prepararse para una serie de concesiones, contrataciones y adquisiones hechas a dedo y a empresas de solvencia desconocida, digamos como a los que venden camiones recolectores chatarra o medidores de agua.
Un caso es la adjudicación de un segundo estudio relacionado con la represa de El Chaparral a la misma empresa que hizo el primer estudio que fue descartado y cuya principal palanca es que bailan muy bien la samba y les encanta beber caipiriña.