Amuchos de los proveedores de bienes y servicios del gobierno no se les paga desde hace meses, lo que tiene a un gran número de pequeñas y medianas empresas al borde de la insolvencia.
Mientras el régimen hace alarde de sus repartos de zapatos y uniformes a escolares, quienes los confeccionan, compran la materia prima y tienen que pagar salarios e impuestos, por no recibir a tiempo sus pagos, se atrasan con la cancelación de préstamos, exponiéndose a quebrar.
Eso se llama “saludar con sombrero ajeno”: reparten uniformes y zapatos, se ufanan de su gran sensiblería social pero no pagan, son morosos crónicos.
El problema puede ser consecuencia de la perspectiva ilusoria de gente que nunca trabajó en el mundo real y a quienes los cheques les llegan puntualmente: piensan que también a los talleres, pequeños fabricantes, negocios medianos e inclusive grandes empresas, el dinero les cae del cielo sin gran esfuerzo y, por lo tanto, no pasan apuros al final del mes.
Pero además al no pagarles a los proveedores directos, digamos al taller que elabora blusas escolares, tampoco se puede pagar a todas las PYMES o grandes empresas que forman la cadena de apoyo que les sostiene. Ellos son los que suministran la tela, la transportan, la compran a las hilanderías, pagan alquiler de sus instalaciones y tienen, asimismo, que cumplir con sus obligaciones financieras.
Al no pagar, todo el complejo sistema productivo del país queda en vilo, paralizado y viendo cómo sobreviven hasta que llega el pago.
El peor negocio que se puede hacer
es tener mal crédito
Hay quienes afirman que la morosidad es parte del saqueo final, de quedarse con presupuestos y dejar al próximo gobierno cumplir con esas obligaciones. Debido a ello, agregan, es que no se cumple con las asignaciones escolares, que faltan camas y medicinas en los hospitales y centros de salud, que los niños con hemofilia en el Bloom carecen de medicamentos… lo único seguro es el pago de salarios y viáticos a la clase política.
No pagar a tiempo repercute en toda la economía del país, no sólo a los directamente involucrados, a los proveedores. Lo primero es que pone en riesgo los salarios de los trabajadores que laboran en esos talleres y negocios, afectando, asimismo, los negocios donde ellos compran lo que consumen o los dueños de propiedades a quienes alquilan sus viviendas. Son, como a algunos les gusta decir, los efectos multiplicadores negativos, el reparto universal de las calamidades.
También esa nefasta política de pagar a destiempo afecta el crédito estatal, como fue con el caso de FONAVIPO. Menos empresas ofertarán servicios al gobierno o tendrán que subir sus precios para compensar las demoras, de la misma forma como al bajar Fitch la calificación del gobierno, adquirir nuevos préstamos es más costoso para el país y afecta a toda la población.
No pagar a tiempo es también un mal negocio para un régimen, pues aunque se puede ganar algo de intereses por el dinero que no se entrega, al afectar negativamente el crédito estatal los sucesivos préstamos son más costosos; para nadie es negocio prestar a quienes pagan tardísimo..
Además al retrasar los pagos se dan señales de no poder administrar con eficiencia los presupuestos, un indicio del gran desorden interno del gobierno y de la incapacidad de quienes manejan la cosa pública.