Una y otra vez los productores salvadoreños han pedido al régimen reducir regulaciones, exigencias, trámites y papeleos para autorizar el funcionamiento de nuevos negocios y actividades, al igual que para dar permisos para construir, importar y exportar o emprender trabajos.
Pero con el paso del tiempo, en vez de simplificarse las cosas se han ido complicando, en parte, porque muchos de los nuevos funcionarios imponen sus propias exigencias, como sucedió con la previa y retrasada municipalidad de Mejicanos.
Es una realidad y una desgracia que a mayor ignorancia mayores son las exigencias que una burocracia impone a los sectores que maneja. Y en el caso que tratamos, el problema es causado por desconocer, o porque a los funcionarios no les importan, los perjuicios y los costos que un cúmulo de exigencias y papeleos genera a un sector y, por extensión, a un país.
Tomemos el caso de los constructores. Cada requisito demanda esfuerzos para recoger y evaluar datos, presentarlos, recopilar la información que pueden pedir, esperar que se resuelva… todo lo cual consume tiempo y el tiempo es dinero. Y mientras pasa el tiempo, suben los costos, pues inclusive se altera la información ya entregada.
¿Quién paga esos costos? Los paga, en primer lugar, la empresa constructora, pero ésta los pasa a los compradores de casas o edificios lo que, por lógica, encarece la vivienda y las edificaciones, frustrando en parte a las familias que quieren adquirir una vivienda pero que no tienen el dinero para comprarla por los altos precios.
Esa consideración, por las señales que hay, no se la hacen los burócratas, más ahora que pregonan preocuparse por “el pueblo”, luchar por su bienestar. Pero por algún bloqueo mental, no logran entender que un comerciante de camisas o un productor de frijoles se sostiene cuando los precios de sus mercancías o los bienes que vende, incluyen todos los costos de fabricarlos, desde el alquiler de los locales que ocupan y el pago de luz, hasta los salarios, incluyendo la nueva ocurrencia del “día del padre”.
La condecoración recibida: ser el país más complicado
A mayores regulaciones y exigencias, menor será la eficiencia de los productores y fabricantes, comenzando porque nadie sabe, a ciencia cierta, cuánto tiempo tomará el proceso de obtener permisos.
La ineficiencia tiene sus altos costos lo que, al llegar a sus extremos, puede derrumbar un negocio, una organización o un país. Cuando la ineficiencia se une a la incapacidad, las ocurrencias y la ignorancia, se cae en la clase de situación que actualmente padece nuestro país.
Es para aligerar trámites, simplificarlos y racionalizarlos, que las gremiales del sector productivo vienen solicitando el establecimiento de ventanillas únicas, de plazos perentorios y de facilidad para presentar sus proyectos. Los plazos perentorios determinan que si pasado un cierto tiempo el solicitante no obtiene respuesta, se da por sentado que se aprobó la petición y se puede continuar en las siguientes instancias.
Por las dificultades y el papeleo, el “red tape”, es que El Salvador tiene una bajísima calificación como país para hacer negocios, lo que también significa que generar nuevo empleo es mucho mas difícil aquí, que en el resto del Hemisferio.
¡Vaya condecoración que nos han otorgado!
Mientras más exigencias hay para conseguir un permiso, más oportunidades tendrán los funcionarios corruptos para sacarle dinero a los productores. Y ese dinero del soborno también lo paga el pueblo.