El plan de “reinsertar” laboralmente a personas que no quieren continuar en las pandillas, o que dicen haberlas dejado, no es un asunto que debe involucrar a los productores del país, sino un objetivo que sólo se puede manejar dentro de las comunidades donde esos jóvenes y adultos nacieron y crecieron.
Pese a la ilusión de muchos sobre la posibilidad de corregir conductas y lograr que criminales tomen el correcto camino y se conviertan en personas de bien, la realidad humana es otra, siendo una cuestión de genética, de formación, de complejos, de fanatismos, de “mala sangre”. Una persona buena puede, por malas influencias o circunstancias, transformarse en un homicida. Lo contrario es casi imposible, como se reconoce en todos los ordenamientos penales del mundo.
Un caso que ilustra esa realidad es la negativa de un tribunal de California a conceder libertad condicionada a una de las mujeres que pertenecieron a la banda Manson, culpable de una serie de asesinatos hace más de cuatro décadas. En su resolución, dice el juez:
“Hoy, después de 44 años, sus crímenes todavía aterrorizan a la gente inocente… sus crímenes fueron sangrientos y espantosos”, a lo que el fiscal agregó que “hay delitos que son tan atroces, horribles, que nunca se pueden perdonar…”
Los asesinatos perpetrados por la banda Manson fueron espantosos, pero no llegaron a torturar a sus víctimas, al menos por largo tiempo, a cortarlos en pedazos, a quemarlos, como está sucediendo con harta frecuencia en El Salvador, Honduras y Guatemala. Muchas de las “clicas” activas en estos países son peores que la banda Manson y han perpetrado más asesinatos, secuestros y violaciones de lo que ese grupo de sicópatas llevó a cabo en su tiempo.
Si no hay empleo para gente buena, menos lo habrá para…
La propuesta se basa en un desconocimiento de lo que son las prácticas laborales en la economía abierta, el valor que tienen la buena conducta y los antecedentes personales de empleados y ejecutivos, los esfuerzos que las empresas y su personal hacen para garantizar la armonía y la seguridad interna.
Los primeros en averiguar y denunciar pasados delictivos son los mismos empleados, que se encargan de indagar conductas y modos de vida de sus compañeros y repudian a los violentos y a quienes se asocian con grupos al margen de la ley. Lo hacen porque en juego está su propia seguridad.
Los empleos en el sector libre no se dan “al capricho”, para llenar plazas como dentro del régimen actual, sino para cumplir con tareas, funciones y desempeños definidos, para lo cual se exigen conocimientos, experiencia y capacidad. No hay puestos para asignarse sin razón que, además, no cumplan con precisos objetivos.
Sólo dentro de las comunidades a las que pertenecen o pertenecieron los pandilleros, es que hay posibilidad de encontrar lugar para los que rompieron la armonía, pero la habrá en la medida en que “entreguen las armas” y hagan méritos reales para ser perdonados. Y siempre pueden quedar células “durmientes”, grupos que fingen paz pero que en cualquier momento se reactivan, como sucede con los yihadistas islámicos.
Si actualmente jóvenes y adultos con capacidad de trabajo y buenas credenciales tienen dificultad para encontrar empleo, no es realista que se pretenda crear oportunidades para quienes carecen de conocimientos y experiencia y la debida conducta para ser parte de un equipo organizado.