Para apoyar el engendro del FONAT, uno de los diputados en alianza con los comunistas dijo que “pagar por los seguros es lo normal; cuando uno viaja a Estados Unidos, o Guatemala, o donde sea, tiene que pagar por el seguro…”.
Pero ese no es el punto en discusión, sino que hay una sustancial diferencia entre pagar un seguro emitido por compañías registradas que se ciñen a las normas internacionales, y otra, pagar a un ente montado al capricho que nadie regula y Dios sabe quién fiscaliza.
Hay disposiciones en el FONAT –cuyos directores y administradores son nombrados a dedo, sin experiencia conocida en ese campo– que, a juicio nuestro, violan derechos constitucionales, “aunque aquí todo puede suceder al interpretar las leyes”.
— Lo primero, que no tiene alguien por qué pagar dos veces por la misma cobertura cuando ya ha suscrito un seguro que cubre daños a terceros y lo ha suscrito con compañías que operan bajo las leyes salvadoreñas y están sujetas a las regulaciones usuales aplicadas a empresas financieras;
— lo segundo, que no tiene nadie por qué pagar por chatarra ajena, o pagar cuando no hay disposiciones claras, transparentes, de cómo se determinan los daños causados en un accidente, cuál será la indemnización, cómo se calcula… no hay tampoco deducciones, como sucede con los seguros manejados profesionalmente: un conductor con limpio historial, paga primas menores de las que se aplican a buseros irresponsables que conducen sin licencia y sin permiso.
El FONAT no es un sistema de seguros, pues además no tiene paralelo en el mundo, sino una sacadera más del dinero de la gente para cubrir los huecos que torpes manejos de los recursos públicos han generado. Pero que sea o no sea un sistema de seguros no preocupa a los que dirigen el ente, y no les preocupa porque es ocurrencia y ocurrencia perniciosa.
Lo peor es cerrarse a la lógica
y a la experiencia
El FONAT es una imposición indebida y disparatada que pesa sobre los conductores y dueños de vehículos del país y del exterior, pero hay, por encima de ello, un grave factor que se cierne destructivamente sobre la vida nacional: la incapacidad, o el rechazo, del régimen y sus políticos a argumentar con lógica, a reconocer errores, a rectificar lo que no tiene sentido.
Peor todavía, a no aceptar cifras ni datos ni experiencias que demuestren sus errores. Recientemente una diputada, al hablar de una propuesta de ley, dijo que eso equivalía a “privatización”, cuando no había nada por “privatizar”. Les gusta la palabrita y la dejan ir aunque no encaje con lo que se discute.
Al desmarcarse la política y las legislaciones y organismos, de la norma internacional, del sentido común y del análisis racional, el país va quedando a la deriva, arrastrado por fuerzas sin brújula, sin moral.
Lo que equivale a volver a las peores prácticas del pasado y machacar lo peor del presente. No es de extrañar que la delincuencia, lo que incluye la corrupción, gravita con mayor fuerza con el paso de los meses, arrinconando poco a poco a la población que vive honradamente y trabaja con ahínco para sostener a sus familias.
Se dice que si Kafka, el genial autor checo del absurdo y la pesadilla, hubiera nacido en Centro-América, lo habrían catalogado como un escritor costumbrista…