Otorgar derechos no debe ser un acto legislativo, lo que una Asamblea o cualquier cuerpo colegiado dispone, sino que está medularmente ligado a la naturaleza del Orden Jurídico, lo que encaja con el cuerpo de leyes y las tradiciones de nuestra civilización. La totalidad de derechos que se le reconocen a la persona humana y al cuerpo social están ya plasmados en la Constitución, como el derecho a la vida y a la libertad, o el derecho a ser juzgado garantizando el proceso debido, el “due process of law”.
No hay vacíos que queden por llenar pues, además, esos derechos naturales generan deberes los que, a su vez, se integran de manera orgánica con el resto de disposiciones constitucionales.
Es inválida la pretensión de “reconocer” nuevos derechos pues, o están ya implícitamente presentes en el cuerpo de leyes o chocan y lo contradicen.
La pretensión de introducir dos nuevos “derechos”, el de la “alimentación adecuada” y el del “agua”, es ilegítima y llevaría a replantear todo el ordenamiento fundamental. No se puede, a un conjunto orgánico, meterle o quitarle partes sin resquebrajarlo, como tampoco es posible arrancar un brazo o ponerle otra cabeza a un ser vivo.
Pero la capacidad de CAPRES y de la coalición oficial de fabricar ocurrencias es asombrosa, ilimitada. Como además del engendro de hoy se prepara el parto de mañana, Dios sabe cuántos nuevos derechos van a aparecer, que más que derechos son obligaciones que se imponen a otros o al mismo gobierno.
De simpleza en simpleza llegaremos a tener una voluminosa pero inaplicable Carta Magna.
Hay un lado que reclama pero no existe otro que cumpla
Tomemos cualquiera de esos derechos “sociales” (o como se les quiera llamar) digamos el “derecho a la alimentación adecuada”: ¿A quién reclama alguien que no está “adecuadamente alimentado” para que complementen su dieta y le dispensen comida nutritiva en un lugar limpio y bien ventilado hasta que él pueda hacerlo por sí mismo?
¿Es esa obligación de sus vecinos, de la comunidad donde vive, de las alcaldías, del gobierno central, de la Iglesia, del sector productivo, de su empleador, de las Naciones Unidas o del Banco Mundial?
¿Quién cubre los costos de alimentar “adecuadamente” a alguien, quién determina los menús y contenidos de esa alimentación, quién dice cuándo es que se debe alimentar a un reclamante y cuándo se deja de hacerlo?
En esto de los costos, una cosa es alimentar “adecuadamente” a alguien en San Salvador y otra hacerlo en un lejano cantón de la República, donde el gasto se duplica y triplica. Además, ¿quién vigila que el alimentador no se quede con parte de los alimentos, o los use para su propia familia?
¿Votará la Asamblea un presupuesto especial para alimentar adecuadamente a los centenares de miles de salvadoreños que, bajo ciertos estándares, no están debidamente alimentados? Inclusive la Asamblea desistió, hasta donde sabemos, de que los diputados se alimenten de presupuestos públicos en una cafetería gourmet que pretendieron instalar.
Igual con el “derecho” al agua. ¿Quién paga la instalación de los equipos, tanques de captación, tuberías, combustible y corriente eléctrica, etcétera, requeridos para suplir de agua a un rancherío remoto?
El pensador francés Jacques Rueff describió esas aspiraciones como “falsos derechos”, donde hay un lado que reclama pero no hay una contraparte que cumpla, que otorgue el beneficio que se pide.