La última gran pensada es poner un impuesto al vapor utilizado para generar energía eléctrica, lo que equivale a poner otro impuesto al agua de embalses que mueven turbinas con el mismo propósito o al aire que activa las aspas de los generadores de energía eólica. Para tapar la vergüenza de perder la apelación en un tribunal internacional de arbitraje, los patrioteros del actual régimen no cesan de menearse para impedir que Enel tenga control de las operaciones de LaGeo, como originalmente fue pactado en estricto cumplimiento de las leyes de la República.
Una de las razones debe buscarse en lo revelado al conocerse el fallo desfavorable: que Enel gastó dos millones y medio de dólares para ganar en el tribunal, mientras CEL gastó cuatro veces más –-óigase bien, cuatro veces más, diez millones de dólares– para perder. Posteriormente también se supo que el presidente de LaGeo se había recetado un enorme incremento en su salario cargando ese gasto al presupuesto de la apelación del fallo.
Esto concede credibilidad a lo que se oye en la calle: que el régimen no quiere soltar LaGeo porque es una de las tantas cajas chicas de donde salen dineros para muchos gastos que no necesariamente tienen que ver con la generación de energía. Y así se mantendrá mientras dure el régimen de “el cambio”.
Lo que sucede con LaGeo tiene graves repercusiones en la autosuficiencia del país en electricidad, en la posibilidad de ampliar la generación de energía, en las futuras inversiones que se hagan en ese campo, en todo lo relacionado con inversiones y en lo referente a la seguridad o inseguridad jurídica.
La concesión se hizo en estricto cumplimiento a las leyes vigentes en ese momento y basándose en una consideración elemental: que la generación eléctrica, como las comunicaciones o la producción en general, son temas técnica y conceptualmente complejos que requieren análisis rigurosos que una legislatura no tiene capacidad de efectuar, por lo que delega en entidades de su propia creación.
La Asamblea, que es un cuerpo político, no cuenta con los saberes y la profundidad para tomar decisiones en temas tan complejos, que compaginen con el mejor interés del país, pero pese a ello allí es donde se generan las leyes.
No hay mes en el que no bajemos en algún ranking internacional
Pero además de entorpecer el crecimiento en la producción de energía, lo que está haciendo el Gobierno se agrega a la desconfianza general y a la inseguridad jurídica, pues se ha visto que fallos apegados a Derecho en tribunales internacionales, se revierten o se anulan en este suelo. Lo más grave es cuando se burlan contratos firmados.
¿Quién va a querer invertir en un país donde se pasa por encima de normas elementales del Derecho y se ampara a condenados por tribunales internacionales? Si periódicamente el país baja en rankings de diversa naturaleza –competitividad, seguridad contractual, cumplimiento de obligaciones, turismo– ¿quiénes van a meter su dinero en establecer fábricas y en tal manera generar empleo, cuando un tiempo después las leyes se cambian por decisiones incomprensibles?
En esto de las inversiones vale aquello de “a dos puyas no hay toro valiente”: a un régimen que visceralmente ataca, insulta y descalifica a los productores, se suma una violencia casi incontrolable donde se mata por matar, como el caso del busero que mató a una señora que reclamaba por un daño que le había causado a su auto. Y esto se repite decenas de veces por mes.