Como premio a su tan destacado y eficiente desempeño, la Asamblea estaba ayer por aprobar una ley que obliga a la Policía a mantener, por cinco años adicionales, la custodia de funcionarios del actual régimen.
La disposición se aprobaría con los votos de la bancada roja y sus incondicionales aliados, sin hacer números ni aclarar a los ciudadanos el enorme costo que eso tendrá, pues habrá que cuidar a los futuros funcionarios y además a los anteriores. Los presupuestos para el PPI prácticamente se duplicarían.
No es difícil calcular la cuantía aproximada del dinero que se requiere para proteger a uno solo de ellos, a cualquiera de ellos, digamos inclusive a los funcionarios invisibles como los de Gobernación, Trabajo y Medio Ambiente. Súmese:
–el salario de cada custodio, vale decir de los tres que se requieren por ser muchas horas de trabajo y los reemplazos durante los fines de semana y las vacaciones. Su salario directo ronda en los cuatrocientos dólares por mes, a lo que se tienen que agregar deducciones y otros costos;
–el pago de atención médica, jubilación y bonificaciones (los sueldos suplementarios que aunque se entregan con gran retardo, se entregan);
–el valor de uniformes, botas, armas de fuego, viáticos cuando salen de la ciudad, pago de horas extras, alojamiento fuera de San Salvador, etc.;
–el costo y la depreciación de los vehículos asignados, de los motorizados para algunos de ellos, etc.;
–gasolina, lubricantes, mantenimiento y reparación de vehículos, garajes para los mismos, etcétera.
Hay recortes en el gasto,
pero no en las francachelas
Estamos hablando de un pequeño ejército que tendría mucho más sentido ocuparlo en las zonas peligrosas del Gran San Salvador, que cuidando a personajes de tanta eficiencia y capacidad, además de acompañar a sus mujeres, niños camino al colegio, a la cocinera cuando va de compras, etc.
Al decretarse esa custodia, ¿se mantendrá el mismo aparataje que hayan tenido en su vida pública? En ciertos casos no son dos vehículos y cuatro custodios por turno, sino veinte vehículos y motorizados con sirenas que además cuentan con licencia para “atropellar peatones y castigara a los irrespetuosos”.
Hay que hacer un balance: ¿es más importante y necesario para la gente en este país que funcionarios que ya cesaron en sus labores continúen disfrutando de prebendas que nadie más tiene, o reparar escuelas deterioradas y dotar a los hospitales de los medicamentos que ahora faltan?
En un país pobre, o empobrecido más de lo que estaba, ¿cuidar exfuncionarios es una de las prioridades sensatas? ¿No se les paga lo suficiente (además de lo que reciben en compensaciones adicionales) como para que al dejar sus cargos se les sigan sosteniendo prerrogativas que son costeadas con los impuestos del resto de los ciudadanos?
Hay que proteger a toda la población, pero se le protege con políticas sensatas, no con palos de ciego ni escoltas.
Desde el inicio del actual régimen asociaciones no oficiales, grupos diversos, analistas y gran parte del público han pedido mesura en el gasto, ahorro, recortes de lo no necesario.
La recomendación se atendió: han reducido presupuestos de medicinas, subsidios, ayuda a las escuelas, obras de infraestructura, asistencia a los enfermos, reparación de calles y carreteras.
Pero el gasto desbocado de la Casa Real, las pomposas misiones al exterior, los despilfarros, eso sigue sin control. Nada detiene la francachela…