Las corrupcracias solamente sobreviven negando información, escondiendo datos, esquivando investigaciones y persiguiendo a los que cuestionan, critican y exponen movidas y chanchadas. Como aquí vivimos en una situación de gran transparencia y moralidad en el ejercicio de las funciones públicas, a todos ha extrañado la reforma vía madrugón legislativo a la LAIP.
Sin quererlo, la Asamblea acordó amarrar al chucho de la corrupción con chorizos, pues inclusive lo que acuerde el Instituto no pasa de ser una “recomendación”, como ocurre con los fallos de la Procuraduría de Derechos Humanos: el Instituto puede pedir a Casa Presidencial que detalle los gastos de viaje de sus ocupantes en los últimos seis meses, pero eso no obliga en nada a CAPRES.
Las reformas no obligan a una cartera estatal, a oficinas públicas y a funcionarios a poner sobre la mesa detalles de lo que hacen, gastan o mueven, aunque no pongan en riesgo la seguridad nacional o revelen algo sobre juicios e investigaciones en curso.
Esto deja a la LAIP pintada en la pared, convertida en un ente sin sentido que gasta presupuestos pero al estar inmovilizada de pies y manos, no realiza nada de provecho para los contribuyentes, vale decir para todos los salvadoreños que no participan en la francachela.
Al no existir fiscalizaciones efectivas de lo que hace y gasta, un régimen queda sin amarras, prácticamente con “licencia para forrarse”, con manos libres para cargar con lo que le da la gana. A los presupuestos se cargan tarjetas de crédito usadas en los viajes, cuentas de joyerías y modistas, compras suntuosas, mansiones y automóviles deportivos de gran lujo comprados a nombre de prestanombres, etcétera.
Eso de por sí es grave, pues saquear se convierte en el primer objetivo del aparato político de un país, como sucedió y continúa pasando con los sandinistas en Nicaragua.
Peor todavía es el daño incalculable que se causa al desarrollo económico y social de una nación como El Salvador, que había alcanzado “grado de inversión” y estaba convirtiéndose en un país del Segundo Mundo.
En estos momentos, la desdentada de la LAIP puede echar por tierra la posibilidad de que se otorgue al país el segundo Fomilenio, que es (aunque ahora posiblemente “era”) la gran oportunidad de desarrollar las zonas costeras del país.
La espina dorsal del programa es la construcción de una carretera que recorra el litoral y ponga en movimiento productivo todas las zonas del bajo Usulután, La Paz y San Miguel entre otras áreas.
Paralizaron un gran puerto con propósitos muy misteriosos
Aquí puede pasar como con lo proyectado al construir el gran Puerto de La Unión: se quiso crear un gran polo de desarrollo que facilitara la puesta en marcha y activación de toda suerte de actividades productivas, desde el turismo hasta empresas manufactureras, al igual que organizaciones de servicio y centros de acopio de mercaderías para su posterior exportación.
Pero no claros propósitos respecto a lo que se quiere con el Puerto han echado abajo esas oportunidades. Más de alguno piensa que el control del Puerto y el control del tráfico marítimo que pasa frente a las costas salvadoreñas, es mas importante que elevar el nivel de vida de los pobladores de la zona oriental y del país. Los intereses de los pocos se imponen al bienestar general.