El Ejecutivo amenazó con “cárcel” a miembros de ANEP que denunciaron las ventajas que nuevas leyes y regulaciones están concediendo a Albanegocios, equivalente a cargar los dados a su favor y en contra de actividades y sectores establecidos desde siempre.
Un ejemplo es haber fijado las tasas máximas que puede un emisor cobrar por los saldos impagos de tarjetas, para en tal manera forzar a centenares de miles de personas y pequeños negocios a recurrir a las “asistencias crediticias” de Alba, asistencias que son publicitadas por ellos mismos.
Como siempre, se espeta lo de “presenten pruebas”, o como decía un expresidente, “que me lo demuestren”.
Pero en forma abrumadora las pruebas están en registros, documentos, transacciones, transferencias, actas y comunicaciones del gobierno, de todo gobierno, por ser lo medular de su funcionamiento. Para saber cómo se gasta el dinero en un ministerio, o en Casa Presidencial hay que tener acceso a sus papeles, computadoras, órdenes escritas, movimientos de caja, etcétera. Hay que revisar pagos hechos, la lista de recipientes de esos dineros, lo que se carga a tarjetas de crédito que no pagan personas sino entidades oficiales, las bitácoras de llamadas…
Pero esa información está cerrada al público, pues inclusive la nómina para integrar el Instituto de Acceso a la Información Pública, previsto en la Ley de Transparencia vigente para garantizar el acceso del público a datos y documentación de esa clase, está en el escritorio del mandatario desde hace meses sin que se tome acción alguna.
Al no poder acceder a las pruebas, se dejaría en indefensión a aquellos que se acusa de “difamar”.
Es al gobierno al que toca esclarecer los ilícitos
Vamos a recordar, a este respecto, un hecho sucedido en 1996, cuando un jefe de la Policía Nacional Civil acusó y propició la detención del director de Colatino por la publicación de informaciones relacionadas con supuestos actos de corrupción en la corporación.
El director, Francisco Valencia, dijo que para demostrar la veracidad de lo publicado tenía que tener acceso a los libros de la fuerza pública, pero ese acceso se cerró, dejando al acusado sin recursos para defenderse.
Este periódico, EL DIARIO DE HOY, salió a la defensa de Francisco Valencia señalando lo incongruente de acusar a alguien pero negarle ver los datos que pedía. Y fue por ello que Valencia fue puesto de inmediato en libertad.
Indistintamente de quien se trate, este periódico siempre ha defendido el derecho a expresarse, la difusión de noticias sin censura, amenaza ni caución.
Ahora estamos frente a un caso muy parecido, ya que el gobierno está negando lo que es obvio, su apoyo con regulaciones y leyes, a los negocios de Alba, como ha ocurrido con la ley de medicamentos y las restricciones a las farmacias a dar consultar o promocionar sus productos. Esas restricciones, que han afectado el empleo de dependientes y visitadores médicos, cae como anillo al dedo a lo que se propone Alba medicamentos y Alba medicina, lo que se ha denunciado como usurpación de competencias por el Colegio Médico de El Salvador, que ve en el asunto una privatización de servicios públicos de salud por un ente no oficial.
En todo caso a quien corresponde averiguar lo veraz de una denuncia es al gobierno mismo, que como una de sus funciones esenciales consiste en cuidar la probidad e imparcialidad de funcionarios y entidades oficiales. El gobierno no debe ser una gavilla de aprovechados, sino un conjunto de servidores honestos.