El joven diputado Ricardo Velásquez Parker desató una tormenta mediática al afirmar que los diputados salvadoreños eran los peores remunerados en la región centroamericana. Memes hirientes, campañas burlescas para “recolectar fondos para su manutención” y hashtags solicitando su renuncia, estuvieron a la orden del día. Pero más allá del estilo y contexto de cómo dijo lo que dijo, valdría la pena hacer un ejercicio reflexivo sobre el tema ¿tiene razón el diputado respecto a si es o no adecuada la remuneración que los funcionarios perciben, por ejercer un cargo público? Sin pretender sonar cantinflesco, me atreveré a contestar la pregunta así: sí y no.
Tiene razón, si se contrastan las actuales remuneraciones con las responsabilidades que conllevan. ¿Realmente es sensato que el presidente que administra todo un país y que tiene en sus manos el futuro de todos los salvadoreños tenga un salario similar al que gana un jefe de departamento de una cadena de almacenes de mediano tamaño?
¿Será sensato que el Fiscal General de la República, que tiene dentro de sus funciones constitucionales, perseguir al crimen organizado y al narcotráfico, posea una remuneración similar a la que, en un solo caso de ejercicio privado, sin mayor trascendencia, pueda ganar cualquier abogado penalista?
Si se hace un análisis sereno y objetivo respecto a los costos-beneficios que implica optar por el ejercicio la función pública, no hace falta ser muy sesudo para concluir que, para un profesional o empresario de éxito, ese sería el trabajo más penoso y peor remunerado que existe.
Muchas veces, demasiadas quizás, nos quejamos de que “la política atrae a las peores personas de nuestra sociedad”. ¿Alguna vez el amable lector se ha puesto a pensar por qué esto es así? Es un tema reputacional, no cabe duda; estoy seguro de que muchos profesionales y empresarios honestos se sentirían incómodos si alguien les pregunta “¿es usted político?”. Pero a la vez, estoy seguro de que también se trata de un tema remuneracional. Si un excelente profesional o empresario supiera que “descuidará lo propio para atender lo público”, pero tendrá una retribución económica similar, entonces la función pública fuera atractiva para tener mejores diputados, mejores jueces, mejores policías, mejores maestros, mejores magistrados, etc. En ese sentido, el diputado Velásquez tiene razón.
¿En dónde no la tiene? Cuando comparamos la remuneración que perciben los actuales funcionarios, con su desempeño y con su hoja de vida. Lamentablemente, se necesita un mejor curriculum para entrar a trabajar a un call center, que para optar para diputado. Se requieren más credenciales académicas para ser “Oficial de Cumplimiento” de un banco, que para ser presidente del país. Entonces, así como están las cosas, ¿a ellos les vamos a pagar más? No creo.
Entonces ¿qué hacer? Antes de apostar por la mejora salarial en la función pública —idea con la cual, en principio, estoy de acuerdo— creo que deben llevarse a cabo las reformas necesarias, para que un diputado, un magistrado, un fiscal, un ministro, etc., deba tener una adecuado curriculum que justifique, no solo su salario, sino su idoneidad al puesto al que aspira desempeñar. Eso es algo tan sencillo como hacer que se cumpla la Constitución: el funcionario debe tener “competencia notoria”.
De paso habría que limpiar la abultada planilla de innecesarios o inexistentes asistentes, asesores y colaboradores, que no sirven para nada, más que para cobrar. Con ese ahorro, podríamos hablar de nivelar salarios para personas competentes. Finalmente, los partidos políticos, deben crear los filtros necesarios, para que solo puedan inscribirse como precandidatos, personas con una hoja de vida intachable, tanto a nivel moral, como académico.
Si eso ocurre, no me cabe duda que la mayoría de salvadoreños razonables, estaríamos de acuerdo en algo: La meritocracia se paga. Un gobierno con personas idóneas, le puede costar caro económicamente a los contribuyentes, pero ya vimos que sale más caro, a nivel de país, que nuestros últimos tres presidentes y sus respectivos gabinetes, hayan conocido la Universidad… solo de referencia.
Abogado, máster en Leyes.
@MaxMojica