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Desafíos para la Asamblea Legislativa 2018-2021

Por Claudia Umaña

May 04, 2018- 20:15

El pasado 1 de mayo tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa y se abren una serie de oportunidades para continuar con el progreso del país; sin embargo, si no se hacen bien las cosas también se vislumbran riesgos que debemos tener en mente.

Lo que ya sucedió. En cuanto al tamaño de la Asamblea, lamentamos profundamente que no se haya escuchado el llamado de la ciudadanía por una Junta Directiva compuesta de siete integrantes. Al hacer una comparación con la Cámara Baja del Congreso alemán, cuya junta directiva cuenta con seis miembros, o en Guatemala, que con 158 congresistas tienen una junta directiva de nueve miembros, llegamos a la triste conclusión de que el caso salvadoreño está desprovisto de criterios de austeridad y ninguna relación costo beneficio.

La fundación DTJ promovió una campaña en la que solicitaba una Asamblea Legislativa que estuviera más cercana a la ciudadanía y que los discursos de austeridad se tradujeran en acciones. La forma en que está compuesta esta Junta Directiva deja mucho que desear, pues no se ha producido una medida específica de transparencia, efectividad y racionalidad, a pesar que estamos en un país con graves problemas en el déficit fiscal. Este órgano del Estado continúa con muchos niveles de opacidad, como por ejemplo: una serie de beneficios injustificados que incluyen innumerables asesores, bonificaciones, etc. Por eso, cuando más adelante se hagan encuestas de opinión a los ciudadanos sobre sus gobernantes, recordemos este caso como uno de los tantos que desencantan y decepcionan.

Lo que falta. Acordar una agenda de desarrollo para el país que además incluya elementos para el fortalecimiento de la institucionalidad. En ese sentido, vale la pena resaltar que se deben de acordar reformas a la Ley de Asocios Público Privados para volverla más eficiente y atractiva a los inversionistas y mejorar el nivel regulatorio para reducir la burocracia; aprobar la Ley de la Función Pública, pues no podemos continuar con la dinámica que trabajar en el Estado es una especie de botín para amigos y favores políticos.

Lo inmediato. La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se realizará en el próximo mes y en el seno de la Asamblea habrá una negociación muy relevante acerca de que los candidatos sean los idóneos, comprometidos e independientes. Un paso previo y fundamental es la revisión del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, para fortalecer los procesos de elección de funcionarios de segundo grado, con lo cual se verá el ánimo de negociar bajo reglas de transparencia. Como Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentamos a la anterior legislatura un proyecto de reforma a dicho Reglamento y esperamos que este pueda ser retomado por la nueva legislatura. No solo bastará que reciban los listados que les envíe el Consejo Nacional de la Judicatura esperando que allí se hayan realizado las depuraciones necesarias, sino que también es necesario que se empiecen a generar las condiciones para un proceso transparente de evaluación de los perfiles de candidatos con la intervención de la sociedad civil, a través de una mejora en la calidad de las entrevistas que se harán a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo peor que podría suceder es que este proceso se vaya a dar a espaldas de la ciudadanía y que no se haga una evaluación en profundidad que permita analizar por qué un candidato ha sido seleccionado sobre otro. Los cuerpos colegiados deben poder decidir de forma motivada y documentada.

Desde ya exigimos que la elección no se vaya a dar por cuoteos partidarios sino que sea basada en mérito, en calidad de los profesionales, en su compromiso con una justicia independiente y el servicio a la ciudadanía.

Columnista de
El Diario de Hoy