El despertar del pueblo nicaragüense tiene su origen en una acumulación de enfado y aguante. Casi siempre es así. Los tiranos —también los “tiranuelos” tipo Ortega— se instalan en la convicción de que la gente puede llegar a aceptar todo lo que se les imponga. Y la gente, en efecto, por razones muy diversas, termina acostumbrándose a este estado de cosas, a menos que los abusos se multipliquen a tal grado que la sociedad pierda el miedo a fuerza de amontonar impotencia.
El aguante nica con la “dinastía” Ortega tiene orígenes históricos bien conocidos. De revolución triunfante a “piñatería” descarada, el sandinismo logró superar el trance de perder el poder sin dejar de socavar la institucionalidad democrática, principalmente a través del órgano judicial. Luego, de vuelta al Ejecutivo, ya no hubo manera de hacer que la justicia respondiera a la Constitución, sino que ésta tuvo que adaptarse a la forma discrecional en que Daniel y Rosario la entienden.
La nueva versión del sandinismo aprendió a generar sus propias formas de sostenibilidad, dando oportunidades a que más actores le dieran de golpes a la piñata. Bajo esta modalidad de corporativismo estatal, sin gremiales empresariales capaces de defender la institucionalidad y con una oposición política torpe y fragmentada, Ortega solo tuvo que ir acallando a la prensa crítica para terminar de tejer su red de control. Sumado a lo anterior, el chorro petrolero venezolano se mantuvo en su apogeo durante el tiempo suficiente para consolidar un andamiaje de relaciones que Carlos Fernando Chamorro, coherente crítico del régimen, ha llamado “los actos de corrupción más grandes de Centroamérica”.
El sistema de seguridad social nicaragüense, corroído por desfalcos y malas políticas, necesitaba una cirugía mayor que Daniel quiso hacer sin anestesia. Como solo faltaba una chispa que acelerara el incendio, y las chispas suelen ser muy pequeñas, ni el autócrata ni sus fieles estaban preparados a la hora del estallido. Al día siguiente del anuncio de las medidas unilaterales, unos doscientos estudiantes y jubilados se atrevieron a protestar contra el gobierno. Grupos de choque sandinista, como siempre, procedieron a agredir a los manifestantes, pero esta vez se produjo una resistencia inédita, a la cual se fueron sumando más y más personas en los días siguientes.
El régimen tuvo como primera vocera a la menos indicada para ejercer de “pacifista”: Rosario Murillo. Sus invocaciones al “amor” solo exacerbaron los ánimos del pueblo indignado, que pronto empezó a regar con su sangre las plazas y calles de las principales ciudades. No había vuelta atrás, y el gobierno, claro, se vio obligado a revocar su repudiada reforma. La pregunta al día de hoy es si bastará con eso para frenar la irritación de la gente, que ya puso una cuota bastante alta de muertos y heridos. Pero lo evidente es que la Nicaragua del segundo orteguismo no volverá a ser la misma.
¿Lecciones para El Salvador? Abundan. Me detendré, sin embargo, en las que atañen a la institucionalidad democrática. Gane quien gane el próximo año las elecciones presidenciales, el respeto a la división de poderes, la independencia judicial, la libertad de expresión, la crítica y el disenso políticos, el combate a la corrupción, la transparencia en el manejo de los fondos públicos, y otros temas de suyo fundamentales, deben convertirse en garantías del desempeño estatal y del funcionamiento social.
Hemos sufrido nueve años de tensión innecesaria entre órganos que están obligados, constitucionalmente, a vigilarse entre sí. Los grupos de la sociedad civil que han estado a la vanguardia del despertar ciudadano no piensan ceder un milímetro en estas garantías, y velarán por ellas delante de cualquier gobierno, sin importar cuál sea el partido que lo lleve al poder. De esta claridad depende que nuestros futuros gobernantes se eviten sorpresas desagradables. Acumular frustraciones ciudadanas ha dejado de ser viable hasta en Nicaragua, donde los Ortega esperaban que el pueblo ya se hubiera quedado bien dormido.
Escritor y columnista de El Diario de Hoy