La manipulación política del gabinete de seguridad es uno de los principales obstáculos que han impedido dar un tratamiento apropiado a la criminalidad en el país. La única forma en que el partido oficial se puede asegurar por completo de que el gabinete de seguridad se prestará a sus tretas, caprichos, engaños y chanchullos, es designando (y manteniendo) como encargados a personas que profesen y demuestren una inquebrantable lealtad a la cúpula partidaria. Solo de esta manera garantizan, por ejemplo, poder explotar la inseguridad con fines perversos y, además, que las picardías, vicios y travesuras de sus dirigentes (y sus familiares) sean encubiertas y permanezcan impunes por los siglos de los siglos. Es así como El Salvador tiene a activistas partidarios, y no a personas idóneas, en los puestos públicos más críticos.
Muchos pensaron que después del fuerte reclamo ciudadano en las urnas, el partido en el gobierno recapacitaría y aprovecharía el clamor de la sociedad para nombrar a funcionarios que despertaran esperanza dando un golpe de timón en la forma en que se están enfrentando las diferentes crisis que aquejan al país. No fue así. Los cambios anunciados por el presidente Sánchez Cerén indican que se sigue favoreciendo la lealtad ciega a la cúpula de su partido por sobre la calidad profesional de los funcionarios, se siguen imponiendo los intereses partidarios sobre los ciudadanos.
Algunos analistas ya habían advertido que así sería, que los cambios serían cosméticos y que se utilizarían solo para camuflar reacomodos que obedecen a intereses de diferentes grupos de poder al interior del FMLN. La reconfiguración sugiere que el rumbo y discurso actual del gobierno se mantienen inamovibles y hasta subirán de tono. El cinismo y el descaro empeorarán, aunque esto seguro les costará las próximas elecciones y el país tendrá la oportunidad de salir del patético patrón oficialista actual, las crisis que enfrentamos se harán más profundas.
Preocupa la tranquilidad que demuestran los más cuestionados funcionarios de seguridad en sus cargos. La burlesca reacción de Munguía Payés ante periodistas que le preguntaban sobre su posible remoción denota el alto grado de compromiso y lealtad mutua entre el burócrata y la cúpula oficialista, que va en detrimento del compromiso del gobierno con la ciudadanía. La actitud infantil de Munguía Payés es una burla para las más de 400 mil personas que dejaron de votar por el FMLN para castigar el fracaso de funcionarios públicos que no pudieron resolver problemas como la inseguridad, sino que los empeoraron.
Los miembros del aparato de seguridad después de las elecciones han magnificado la forma en la que explotan el tema para beneficios partidarios. La semana pasada, por ejemplo, el director de la Policía y el ministro de Justicia y Seguridad Pública instrumentalizaron la investigación y las capturas realizadas de la Operación Libertad, liderada por la Fiscalía en contra de una red de lavado de dinero al servicio de la MS-13. En el contexto de la investigación se capturó a personas vinculadas a organizaciones sociales que han expresado abiertamente sus críticas al gobierno. El director y el ministro rápidamente, y de forma categórica, plantearon el caso de tal forma en que las involucradas fuesen dichas organizaciones, aprovechando así la oportunidad para alcanzar un objetivo partidario: atacar a los que critican al gobierno. El Fiscal General, en cambio, fue cauto y, al ser cuestionado sobre el tema, aseguró que la vinculación de esas personas no era suficiente para concluir que las organizaciones estuviesen involucradas. Esta es la forma técnica y profesional de abordar el tema, ya que no se afecta una posible investigación sobre el tema y tampoco se etiqueta infundadamente a entidades.
La nueva configuración del gobierno sugiere que se experimentará una radicalización en el actuar y el discurso de los funcionarios. Espero, por el bien del país, estar equivocado en esta lectura.
Criminólogo
@_carlos_ponce