No le ha ido bien al gobierno de Nicolás Maduro en materia de escrutinio internacional sobre la vigencia efectiva de la democracia y el ejercicio pleno de todos los derechos y libertades fundamentales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de hacer público un tercer y enjundioso informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela. En dos oportunidades anteriores se divulgaron el “Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela”, de fecha 24 de octubre 2003 y el documento “Democracia y derechos humanos en Venezuela”, del 30 de diciembre 2009. En ambos ya se había alertado sobre el peligroso rumbo que venía tomando la institucionalidad democrática en nuestro país y el deterioro progresivo de la situación de los derechos humanos.
La publicación de este nuevo documento se debe “al serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país en los últimos dos años y en especial en el 2017”.
No es poca cosa que una instancia como la CIDH haya dedicado tres informes a analizar el agravamiento de la situación venezolana, menos aún, que el país haya sido incluido en el Capítulo IV del informe anual de la Comisión, en el cual se señala a aquellos países que irrespetan los derechos humanos y exhiben un mal récord en esta materia. Valga recordar que el contenido de estos documentos es debatido en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
La CIDH justifica la inclusión de Venezuela con base en las disposiciones del reglamento y cita específicamente, entre otras: las violaciones graves de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa; el ejercicio abusivo del poder que socava el Estado de Derecho; la alteración del orden constitucional; y la suspensión ilegítima del ejercicio de los derechos garantizados en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Sin ambages, la CIDH señala que el debilitamiento de la institucionalidad democrática se ha venido acentuando progresiva y significativamente a partir de 2015 y de manera alarmante en el año 2017. Agrega que, en buena medida, esta situación es producto de la injerencia del Poder Ejecutivo en los demás poderes públicos; en otras palabras “en la inobservancia del principio de separación y equilibrio de poderes”, agravado por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que acentúan las injerencias en las competencias de la Asamblea Nacional en violación del principio de separación de poderes.
Mención especial hace de las sentencias Nos. 155 y 156 del TSJ, fechadas el 28 y 29 de marzo pasado, que constituyen no solo una usurpación de funciones del Poder Legislativo, sino una anulación de facto del voto popular.
No deja de mencionar el alarmante empeoramiento de la situación socioeconómica del país en términos de una economía en crisis caracterizada por hiperinflación, escasez generalizada de alimentos, desabastecimiento de medicinas, insumos y materiales médicos, en suma una debacle humanitaria cuyos efectos se hacen sentir más allá de nuestras fronteras.
Por supuesto que también se denuncia la excesiva y desproporcionada represión estatal a las protestas sociales, las decenas de personas fallecidas, los centenares de heridos, las miles de detenciones arbitrarias, así como las torturas, malos tratos y otras prácticas aberrantes a las que fueron sometidos algunos de los detenidos.
Este lamentable récord lo completa la denuncia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la decisión, sin precedentes, de retirarse de la OEA, y las repetidas negativas para el acceso a las fuentes oficiales de información, todo lo cual constituye un lamentable retroceso para avanzar en la institucionalización del sistema universal de protección de los derechos humanos.
Podemos entender ahora las razones por las cuales el gobierno venezolano se ha negado reiteradamente a recibir una visita de la CIDH, a incumplir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y declarar inejecutables algunas decisiones de dicho tribunal. Un gobierno con estas credenciales no merece estar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Internacionalista venezolano,
colaborador de El Diario de Hoy