Tarde o temprano, Estados Unidos entenderá que usar sanciones para frenar el autoritarismo en Venezuela, será más fácil decirlo que hacerlo. A medida que el país se hunde más en la desesperación económica, el Gobierno de Maduro toma medidas enérgicas contra sus opositores, reforzando su control político en distintas esferas de la vida civil y pública venezolana. Esta represión ha suscitado preocupación internacional, al grado que recientemente el Secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, expresó la posibilidad de restringir la venta de petróleo venezolano al exterior. Todo apunta a que la Casa Blanca iniciará pronto debates internos sobre sanciones más severas para el régimen de Maduro.
Pero aunque el Gobierno venezolano sea débil respecto a la Administración Trump, aquel controla las instituciones más importantes del país; por lo tanto, cualquier sanción en su contra puede que no logre su objetivo y de hecho, terminen unificando a las élites del gobierno de Venezuela a medida que estas se aferran al poder.
Es de considerar que casi todos los ingresos de exportación de Venezuela provienen del petróleo y sus derivados, por lo que las refinerías norteamericanas del Golfo de México han sido su salvavidas económico durante décadas. Sin embargo, Estados Unidos puede comprar petróleo de prácticamente cualquier país, por lo cual es de suponer que tiene un poder sustancial sobre Venezuela.
A medida que el régimen de Venezuela giró hacia un Estado autoritario durante los últimos 15 años, Estados Unidos mostró no necesitar ni querer hacer nada al respecto; después de todo, los envíos de petróleo venezolano constituían una fuente constante de ingresos para algunas refinadoras de la Costa del Golfo, por lo cual no estaba en el interés inmediato de Washington suspender estas compras a fin de frenar el lento giro de Venezuela hacia una dictadura. Incluso en el apogeo de la retórica antiestadounidense de Hugo Chávez, Estados Unidos continuó comprando más de un millón de barriles diarios de petróleo y combustible a Venezuela.
Pero la relación económica entre Caracas y Washington comenzó a deteriorarse a fines de la década de 2000, cuando Venezuela inició a gastar más de lo que ganaba en ventas de petróleo. Venezuela comenzó a firmar acuerdos con China que le otorgó préstamos ocasionales para apuntalar su débil situación financiera a cambio de un flujo constante de petróleo. El colapso de 2014 en los precios mundiales del petróleo declinó el suministro a China que pagaban los préstamos. Mientras tanto, Estados Unidos comenzó a producir más petróleo a principios de la década de 2010. En 2017, Venezuela producía menos de 2 millones de barriles diarios y enviaba menos de 500,000 barriles a los Estados Unidos.
Este colapso de la relación comercial entre Estados Unidos y Venezuela, junto con el aumento de disturbios internos, ha llevado a Washington a comportarse de manera más agresiva y decidida contra Caracas, debido a una creciente preocupación de seguridad hemisférica, más que a una simple oposición ideológica.
Agencias como la DEA están más preocupadas por el papel de Venezuela en el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. El Departamento de Estado considera que el país es un violador de los derechos humanos. En conjunto, estas preocupaciones se han cohesionado en una política norteamericana clara para aumentar la presión sobre Maduro, promover elecciones libres y para que Maduro se haga a un lado y se logre un acuerdo negociado.
Estados Unidos quiere que Venezuela suspenda las elecciones programadas para el 22 de abril, las que no se consideran ni libres ni justas. La esperanza de Washington es que sanciones severas empujen al régimen de Maduro a la mesa de negociaciones, para lograr elecciones libres.
Columnista de El Diario de Hoy.
resmahan@hotmail.com