Secciones
×

Síguenos en

¿Quo vadis, Siget?

La trayectoria de Sánchez Trejo no refleja una experticia en este sector. No es posible que se elijan a funcionarios que requieren tanta especialización con la esperanza de “que aprendan en el camino”.

Por Erika Saldaña*

Nov 26, 2017- 18:41

La Siget está envuelta en controversia. La semana pasada eligió a un representante del sector privado en la Junta Directiva y esta votación resulta irregular. Según denuncias públicas, Gregorio Sánchez Trejo fue electo bajo un procedimiento con indicios de que él tenga un fuerte conflicto de intereses y, además, con cuestionamientos sobre las credenciales técnicas que requiere trabajar en un sector tan especializado.

¿Por qué nos debe importar el correcto funcionamiento de la Siget? Pues porque se trata de la autoridad encargada de regular el sector de electricidad y telecomunicaciones; esto incluye proteger los derechos de los usuarios, operadores y proveedores de los servicios de telecomunicación, garantizar un mercado de empresas competitivo y optimizar el uso del espectro radioeléctrico. Si las anteriores funciones se realizan bien, esto se traduce en un fortalecimiento de la libertad de expresión, información y de la democracia en sí misma.

La libertad de expresión e información son necesarias para que funcionen la República y la democracia. Para garantizarlas, el Estado debe fomentar y reconocer el valor del pluralismo en los medios de comunicación, para que los ciudadanos tengan acceso efectivo a fuentes distintas de información y sean capaces de tomar una decisión con base en información variada y suficiente. Medios como la radio y la televisión son plataformas que materializan dichos derechos, por lo que el respeto a la institucionalidad del ente regulador es primordial. Por eso es importante una correcta elección de las autoridades de la Siget.

Esta superintendencia es sumamente especializada. Requiere un alto conocimiento técnico sobre el manejo del espectro radioeléctrico, el sector electricidad y telecomunicaciones, los procesos regulatorios, sancionatorios, de concesión y subasta, entre otros asuntos jurídicos. La trayectoria de Sánchez Trejo no refleja una experticia en este sector. No es posible que se elija a funcionarios que requieren tanta especialización con la esperanza de “que aprendan en el camino”. Si no es por experticia, ¿por qué se le elige? ¿O es por objetivos políticos o intereses individuales?

Cuestiono aquí la idoneidad para el cargo, pues como profesionales tiene que existir honestidad intelectual y entender que no es posible postularse para cualquier puesto público sin demostrar capacidad y experiencia. Sánchez Trejo ha ocupado puestos como magistrado en la Corte de Cuentas, embajador de El Salvador en Colombia, Procurador General de la República, miembro del Consejo Nacional de la Judicatura, cargos que no tienen ninguna relación de especialidad técnica entre ellos, más que ser públicos. Además, pasó por dichas instituciones sin brindar mayores resultados en sus gestiones y bajo fuertes críticas, incluso dos declaratorias de inconstitucionalidad.

Cuestiono también el proceso de selección, en la forma en que se hizo. El Diario de Hoy informó que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador rechazaron su elección debido a que se realizó con el voto de más de cincuenta asociaciones creadas específicamente para incidir en dicha elección. Con el exceso de burocracia y lo tardado de los trámites en nuestro país es muy cuestionable que dichas asociaciones hayan sido constituidas en diez días y se les haya reconocido legitimidad de representación con apenas un mes de existencia. Sospechoso, ¿o no?

Como dice el dicho, no solo hay que serlo sino también parecerlo. La ANEP también ha denunciado que el señor Sánchez Trejo tiene vínculos familiares con el representante legal de AES, la corporación que aglutina a las cuatro empresas más grandes distribuidoras de electricidad en el país, que dominan la mayoría del mercado. No es posible que Sánchez Trejo pretenda resolver los conflictos que se presenten ante la Siget ni regular a las empresas que son representadas por un familiar. No parece nada imparcial, objetivo ni profesional.

Si pretendemos proteger los derechos de las personas, la democracia y los principios republicanos, empecemos por respetar la institucionalidad y la puridad de los procesos de elección de funcionarios. El señor Sánchez Trejo debería renunciar a su pretensión de ser parte de la Junta Directiva de la Siget y el Ministerio de Economía tiene que repetir la elección. Respeten la institucionalidad.

*Columnista de El Diario de Hoy.