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El general rebelde

El general Munguía Payés debería públicamente desdecirse de su “rebeldía”. El Estado debería tener superioridad moral ante sus ciudadanos, y sus funcionarios, ejemplaridad pública.

Por Erika Saldaña*

Nov 05, 2017- 18:30

El general David Munguía Payés ya habría sido removido de su cargo en un país con respeto a las instituciones. Al Ministerio de Defensa se le ordenó que la compra de equipo y armas de guerra tenía que realizarse por licitación y no bajo criterios subjetivos. Ante esta sentencia de la Sala de lo Constitucional, Munguía Payés dijo que “le gustaría declararse en rebeldía”, es decir, no quiere cumplir la sentencia. Lejos de si estamos de acuerdo o no con el contenido de esta, es preocupante que un general de la Fuerza Armada, Ministro de Defensa, insinúe incumplimiento de una orden judicial.

La Fuerza Armada es una institución al servicio de la Nación, obediente, profesional, apolítica y no deliberante, según la Constitución. Tiene como función esencial la defensa del territorio y de la soberanía nacional. La Fuerza Armada tiene características propias de su régimen, como la disciplina, el sentimiento corporativo, una profunda organización jerárquica, en la que la formación, unidad, disciplina y subordinación de sus miembros constituyen factores cruciales para alcanzar sus fines.

En una institución con estas características, y que históricamente ha participado en conflictos políticos internos alrededor del mundo, no es posible que las declaraciones insinuando rebeldía por uno de sus líderes sean tomadas a la ligera; tampoco debería ser normal el silencio del presidente de la República como comandante general de la Fuerza Armada. Esta institución debe ceñirse al respeto a la institucionalidad de la República sin importar las líneas políticas del momento. Y los líderes de esta y todas las instituciones demostrar respeto a su cargo.

Pero estamos en El Salvador, donde ya no nos escandalizamos por la conducta de nuestros funcionarios. Aquí, aun con escándalos fuertes, seguimos manteniendo en su cargo al presidente del Proesa, Sigfrido Reyes, a quien diversas investigaciones periodísticas de El Faro han acusado de negocios irregulares y despilfarro de dinero público; también sigue en su cargo el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, señalado en estos días de supuestamente haber iniciado una relación con una mujer cuando aún era menor de edad; y en El Salvador tenemos en sus cargos al viceministro para la Inversión, José Luis Merino, y al vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, a pesar de las serias acusaciones de vínculos con grupos investigados por narcotráfico, reportado por las indagaciones de Factum, La Prensa Gráfica y en el caso Merino, hasta por congresistas estadounidenses. Aquí no hay decencia ni respeto por la función pública.

En un país decente, un funcionario que se haya visto envuelto en escándalos deja su cargo de manera inmediata. Recientemente renunció el ministro del Interior francés en medio de un escándalo por haber contratado a sus hijas; en 2011, el ministro de defensa alemán dimitió al haber sido acusado de plagiar su tesis doctoral; en los últimos días renunció el ministro de defensa británico tras un escándalo de acoso sexual.

En El Salvador tenemos que dignificar la función pública y exigir que nuestros funcionarios den el ejemplo en su actuar. Las personas que ocupan cargos públicos deben ser los buenos ciudadanos, aquellos que se encuentren preparados, con sentido de la ética y que su fin último no sea beneficiarse del mismo. Es necesario que los funcionarios comiencen a cultivar la dignidad al ostentar el cargo, pues no es posible que se empeñen en mantenerse al frente de una institución cuando se encuentran siendo cuestionados por sucesos graves.

Si los funcionarios no tienen dignidad, los superiores jerárquicos (en estos casos, el presidente de la República) deberían tener mucho más respeto por las instituciones, solicitándoles la renuncia o destituyéndolos de sus cargos.

Por último, los ciudadanos no deberíamos aceptar como normal que funcionarios señalados en situaciones controversiales se encuentren en lo más alto de la institucionalidad estatal. Somos muchos más los ciudadanos decentes y no podemos estar siendo gobernados por una clase política corrupta o funcionarios rebeldes. El general Munguía Payés debería públicamente desdecirse de su “rebeldía”. El Estado debería tener superioridad moral ante sus ciudadanos, y sus funcionarios, ejemplaridad pública. Esto aún no lo tenemos.

*Columnista de El Diario de Hoy.