Los homicidios se han disparado a nivel nacional. Las estadísticas otra vez alcanzaron los elevados niveles registrados entre 2015 y 2016, cuando las pandillas decidieron aumentar deliberadamente el número de asesinatos en el país. El incremento, en esa ocasión, fue ordenado por la cúpula de mando pandillera como consecuencia de su interacción con el Estado, entablada durante la negociación propiciada por la administración de Mauricio Funes. El viernes pasado cerró con 25 asesinatos, sobrepasando el promedio de 21 homicidios diarios registrado entre marzo 2015 y marzo 2016. Algunos sostienen que ambos repuntes tienen motivaciones similares.
El incremento de los últimos días incluye a familiares de policías entre las víctimas. Es importante recordar que “la tregua” de David Victoriano Munguía Payés tatuó un blanco permanente en la espalda de todos los policías y militares, al negociar con las pandillas la reducción de ataques perpetrados en contra de personal policial y castrense. Cualquier persona con una gota de sentido común hubiese advertido que, bajo esta dinámica, cuando los cabecillas pandilleros no estuviesen satisfechos con los resultados o la condición de su interacción con el Estado, la primera acción a la que recurrirían para ganar ventaja iba a ser girar instrucciones a sus estructuras para que reanudaran los ataques en contra de policías y soldados.
Existe un debate sobre si los responsables de “la tregua” pronosticaron o no este ineludible desenlace. Solo por ingenuidad o crasa ignorancia, alguien hubiese pensado que nunca llegaría el momento en que las pandillas exigirían más de lo que el Gobierno estaría dispuesto a conceder. Haber estado consciente de que esto ocurriría y de todas formas seguir adelante, solo lo pudo haber hecho una persona malévola, mezquina y ambiciosa; solo alguien así habría decidido exponer por siempre la vida de todos los policías y militares (y, además, las de sus familias). La mayoría sostiene que el último es el escenario que mejor describe lo que pasó en El Salvador.
Los recientes homicidios de familiares de policías sugiere que detrás está la pestilente interacción entre los políticos y las pandillas. Además, el aumento actual de homicidios coincide con el traslado de uno de los más influyentes cabecillas de la MS-13 desde el penal de Zacatecoluca al de Izalco. Según publicaron varios medios de comunicación, Ricardo Adalberto Díaz, alias “Rata de Leward”, fue reubicado en secreto el 31 de mayo a las 5:30 de la tarde. Orlando Molina Ríos, director general de Centros Penales, argumentó que el movimiento fue el resultado de un error técnico, pero no explicó en detalle en qué consistió esta presunta equivocación. Molina Ríos aseguró que Díaz ya había sido devuelto a Zacatecoluca, pero no ofreció más información para verificarlo. Este tipo de “error técnico” con un cabecilla del calibre de Díaz es poco probable, menos aún a esa hora. Su coincidencia temporal con el incremento de los homicidios es congruente con información que ronda en círculos de seguridad e inteligencia, que advierte sobre acercamientos entre políticos y pandilleros en antelación a las elecciones del próximo año.
Las declaraciones ofrecidas por los funcionarios de seguridad son escuetas y vagas. Sus explicaciones sobre el traslado de Díaz y el incremento en las cifras de homicidio, no son robustas ni sustentadas, a pesar de la importancia de ambas situaciones. La vinculación política de los titulares del ramo con el partido oficial, no es un secreto y, por lo tanto, no cuesta imaginarse su participación en la ejecución y encubrimiento de operaciones políticas-partidarias, como lo fue “la tregua”. Es importante monitorear y analizar en detalle los acontecimientos, discursos y posturas relacionadas a la seguridad pública, a medida se acercan las elecciones de 2018. Ningún partido está inmune al atractivo de las pandillas. Políticos de todos los colores han dejado claro que están abiertos a negociar con el hampa.
*Criminólogo
@_carlos_ponce