Las tres cartas de Luis Almagro a Nicolás Maduro y sus dos informes sobre la situación que sufren los venezolanos representan sólidos antecedentes para anticiparse a cualquier intención autoritaria que pretenda perjudicar al sistema democrático.
En una democracia liberal los derechos políticos y civiles son reconocidos y tutelados, es respetado el imperio de la ley, la justicia es independiente, la sociedad es pluralista, los medios de comunicación no están sujetos a dominio gubernamental y los civiles ejercen control sobre los militares. Cuando se impide la aplicación de estas condiciones únicamente queda la vía electoral. Si falla esta última la comunidad internacional debe ejercer las medidas establecidas en el derecho internacional. A los ciudadanos no les queda otra opción que la protesta pacífica y la resistencia ante los métodos represivos utilizados por el régimen.
Oponerse al restablecimiento del orden constitucional en Venezuela significa aceptar los hábitos antidemocráticos impuestos por sus autoridades. En pleno siglo XXI, cuando los ciudadanos se han tomado en serio el espacio que les concede la democracia, congraciarse con un gobierno que abiertamente desprecia los derechos fundamentales, que impide la celebración de elecciones y que castiga con cárcel a las voces disidentes, simboliza un estancamiento político que pone en evidencia la conducta dictatorial de quienes lo respaldan.
La última propuesta del presidente venezolano es la de realizar una “asamblea nacional constituyente”. Maduro advierte que se trata de una “asamblea constituyente popular” en la que no intervendrán los partidos ni las cúpulas de otros sectores. Esta asamblea tendría el poder de reorganizar el Estado y podría llevar a la redacción de una nueva Constitución. Los quinientos asambleístas serán elegidos por “sectores sociales y por comunidades” reemplazando al voto de la población.
En pleno trance fiscal por el impago de las obligaciones financieras del Estado salvadoreño y no obstante el castigo de las calificadoras de riesgo por el incumplimiento señalado, el gobierno y los principales líderes del partido oficial se empeñan en defender la anarquía que agobia a los venezolanos. Apoyan un sistema que mantiene presos políticos, que ignora la crisis humanitaria y que evita los comicios porque sabe que la oposición, representada por la Mesa de la Unidad Democrática, ganaría fácilmente un referéndum revocatorio, las gobernaciones en la mayoría de Estados y la presidencia de la República.
Las posturas de El Salvador ante la OEA y la rápida organización de la fallida reunión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para discutir la crisis venezolana afecta gravemente la política exterior del país. Durante los últimos años su desempeño en este ámbito se apegó a la promesa del titular de Relaciones Exteriores que ofreció “desidiologizar” las relaciones internacionales. A partir de 2014 la tarea se ha dificultado por la estrecha relación del presidente Sánchez Cerén con regímenes como el de Daniel Ortega, Rafael Correa, Evo Morales y Nicolás Maduro. Esta no es una sana decisión porque un porcentaje importante de la cooperación internacional en áreas vinculadas a la prevención de la violencia, la lucha contra la corrupción y el crecimiento económico proviene de los Estados Unidos, un país al que el chavismo y sus seguidores no soportan.
El respaldo de diferentes organizaciones civiles a la causa venezolana y su expreso rechazo a la “cumbre de la CELAC” se materializó en una concentración celebrada en el redondel Italia el pasado martes 2 de mayo. Es la primera ocasión en la que diferentes colectivos manifiestan su preocupación por el contagio de prácticas arbitrarias que podrían empezar a socavar las bases de nuestro sistema político. La “estabilidad” de la Sala de lo Constitucional, la defensa de la libertad de expresión, la transparencia de las elecciones y la “despartidización” de instituciones como la Fiscalía General de la República se debe, en buena parte, a la vigilancia de entidades ciudadanas y a sus reiteradas denuncias cuando descubren la pretensión de algunos por concentrar el poder.
Ciertamente el diálogo es la mejor salida para el aprieto que padece Venezuela. Sin embargo deben cumplirse las condiciones exigidas por el Vaticano, la OEA y los presidentes que integran IDEA: “calendario electoral, liberación de presos políticos, separación de poderes, regresar autonomía a la Asamblea Nacional y canal humanitario”.
*Columnista de El Diario de Hoy