Las políticas públicas de seguridad están contempladas en el Plan El Salvador Seguro. Su punto de partida es transformar la sociedad y las estructuras gubernamentales fundamentadas en la exclusión social y la marginación. Tiene parámetros normales y universales de desarrollo, lo que debe de considerarse como un plan nacional de largo plazo. La falla de origen es que dicho plan no hace acercamiento directo a las pandillas y pandilleros, convirtiéndose en una forma de tolerancia para la delincuencia que hasta el día de hoy utiliza el territorio como medio de dominación y subsistencia. Este es el principal peligro para la sociedad y para la seguridad del país. El primer objetivo debe de ser la recuperación integral del territorio nacional especial atención en los 50 municipios seleccionados como más violentos y el resto de los 212 municipios ubicarlos en la integralidad del Plan El Salvador Seguro en un largo plazo.
Estoy claro que en los territorios, las comunidades y conglomerados humanos es donde se desarrolla la violencia y es donde el estado está ausente y donde los criminales se han convertido en un estado paralelo y la gente tiene que convivir con ellos y con las reglas de ellos. Los territorios tienen un desajuste por el efecto del accionar de las estructuras criminales, lo que agrava y distorsiona el ejercicio de la autoridad en el terreno, ya que las estructuras tienen fronteras en los territorios, las cuales definen su accionar. El territorio es clave del éxito.
El martes se recibió al Gabinete de Seguridad. Insistieron en hablar que se apruebe solo lo que piden, más dinero pero sin control ni mesura sobre el gasto. Lo que escuché fueron discursos bonitos y actuaciones teatrales, negándose a reconocer la realidad en los territorios. Fueron unos discursos con febril retórica, siguen perdiendo la batalla. El Gobierno de los Estados Unidos advierte a sus ciudadanos peligro para viajar a este país. ¿Por qué tanto triunfalismo?
Nuestra disposición a apoyar el combate a la violencia es irrenunciable, pedimos informes conforme a la ley en la inversión del dinero de seguridad que nos dé certeza. No es posible que sigan hablando que es prioridad cuando en el presupuesto no lo reflejan.
Al considerar en el total recibido de los recursos extraordinarios, entiéndase préstamos y contribuciones especiales al 2016, tuvieron 1,023 millones de dólares que equivalen al 21 % del Presupuesto General de la Nación. Si el presupuesto del Plan El Salvador Seguro es de 2,100 millones de dólares, debió haberse ejecutado 400 millones anuales, esto requiere una evaluación clara luego de transcurrido 2 años. Esto no es así.
Estamos claros que en los 50 municipios seleccionados como los más violentos, deben de existir tanto la represión del delito como la prevención del mismo, ambos son vinculantes, ni uno ni el otro sólo solucionaran el problema, deben de cubrirse prioridades, no necesidades no digan que solo se quiere represión.
Démonos cuenta de lo que es difícil de descubrir, pero no de entender. Están destinando los fondos para restaurar 95 centros educativos, habilitan espacios físicos para la atención a víctimas, invierten en Injuve, FISDL, Prepaz, y gastan como $6 millones, etc, sin embargo, nos solicita aprobar 100 millones de dólares más para la PNC en necesidades operativas contra la violencia directa. El dinero lo ocupan para tapar hoyos y no para abrir rutas, este es un rumbo incorrecto. No se puede pretender obtener distintas cosas que no se pueden conseguir de forma simultánea, el hacerlo no las hará sostenibles en el tiempo. Hay que revisar y validar lo hecho hasta ahora.
No hay una evaluación de los resultados directos de la implementación de las medidas concretas, solo informes de acciones (9), ni existe una fiscalización que es pieza indispensable de la evaluación, el Gobierno rehúye esto permanentemente, creyéndose con la sabiduría y la potestad divina. La evaluación en cualquier política pública bien estructurada y sistematizada es ineludible para el éxito, solo así el Estado va a estar en función del ciudadano, evitando como es hasta ahora (con más impuestos o contribuciones extraordinarias) que el ciudadano esté en función del Estado. Endeudarse es legítimo, pero de una forma sensata.
En la parte fiscal hay una planificación y ejecución financiera deficiente, el viento no está soplando en la dirección correcta y la marea nos lleva a aguas turbulentas. Para fortalecer al Estado hay que extirpar las redes criminales, necesitamos claridad sobre prioridades, sobre austeridad e inversiones sensatas. Repito, necesitamos que se incorpore una evaluación que nos demuestre con rigor académico que las estadísticas son el resultado que esperamos contra la violencia “la salvación o la perdición”.
*Diputado.