Desde el punto de vista de los usuarios, respaldado por indicadores, existen algunos problemas de tramitología en la apertura de empresas, manejo de permisos de construcción, registro de la propiedad, comercio transfronterizo, pago de impuestos, entre otros. El Salvador ha perdido posiciones en los indicadores del informe Doing Business 2015.
En informes periódicos de Doing Business 2015, se pregunta a empresarios que requieren de permisos o licencias para operar, cuáles son los principales problemas o dificultades que les generan las instituciones del Estado para la operación o crecimiento de su empresa. El 77.4 % señaló como el principal problema, engorrosos trámites y la burocracia. Los siguientes dos problemas más señalados fueron la ineficiencia administrativa / procesos (16.8 %) y el aumento de impuestos o tarifas / incertidumbre fiscal (10.5 %),
Con esta realidad se requiere insoslayablemente el implementar una efectiva mejora regulatoria para lograr beneficios a favor de los usuarios. Se vuelve indispensable elaborar una estrategia sistémica e integral que establezca como premisa básica la mejora regulatoria como una labor continua del sector público, abierta a la participación de la sociedad, que incluya la reducción de los trámites excesivos, la simplificación de procesos y la elaboración de normas eficientes.
En ese contexto, se deben de establecer programas de desregulación económica, que contengan directrices de desregulación y simplificación administrativa, orientados a mejorar la eficacia de la regulación y a eliminar el exceso de tramitología.
Es un hecho que la simplificación de los trámites administrativos constituye un reto muy grande para el país y en virtud de ello, los esfuerzos que se realicen para abordar el tema deben tener un enfoque estratégico.
Las propuestas de institucionalidad deben orientarse a atender y atacar el problema de la burocracia excesiva y la falta de eficiencia administrativa. Es importante tener una visión sistémica en torno a las medidas que se deben tomar para revertir la tendencia que lleva el país, enrumbarlo a una agenda de competitividad y desarrollo.
La regulación estatal afecta las distintas facetas de las empresas y sus actividades en la economía; sin embargo, dadas las condiciones del país para promover el desarrollo económico es preciso facilitar la creación de emprendimientos y generar condiciones favorables para impulsar el crecimiento, recuperar posiciones en indicadores y convertir al país en sede favorable para generar negocios, empleos y bienestar a la sociedad.
Como herramienta complementaria, es de suma importancia reactivar espacios de participación, promoviéndose un esfuerzo público-privado. La participación de la sociedad civil en los esfuerzos sobre simplificación de trámites debe incluirse, ya que es un hecho, que son los ciudadanos y las empresas los que se ven afectados en el día a día por efectos de la burocracia.
Se debe recordar que asegurar condiciones favorables para la inversión debe ser entendido como un proceso dinámico, en tanto que las realidades cambian a cada momento. Se debe tener por objetivo contar con instituciones sólidas, capaces de asegurar una articulación efectiva en un marco legal moderno, un funcionamiento del Estado basado en leyes, así como también en el desarrollo constante de capacidades.
Se han realizado esfuerzos tendentes a la simplificación y en algunos casos, a la automatización de trámites administrativos, no obstante, han sido dispersos. El sector público, junto al sector privado, debe realizar un análisis legal del contenido de la Constitución de la República, tratados internacionales, leyes y reglamentos, en esta materia regulatoria, así como una revisión documental de los principales estudios nacionales e internacionales, planes de trabajo y diagnósticos del país.
Todo lo anterior dentro de un proceso que lleve de un Estado lento e ineficiente a un Estado eficiente y capaz, que responda a las necesidades ciudadanas.
*Colaborador de El Diario de Hoy.
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