Como el GOES sigue presumiendo de su lucha contra la corrupción, vale preguntar si engañar al pueblo y mentir no es corrupción, sino patrimonio de los funcionarios públicos como su deporte favorito. Y surge el tema relevante de las pensiones, en grave peligro ante la amenaza de que el gobierno se robe los fondos de los cotizantes.
Antes de crear las AFP en 1998, el gobierno administraba el dinero, pero en lugar de invertirlo en actividades financieras, el ISSS y el INPEP lo utilizaban para sus necesidades institucionales. Y como iba al fondo general de la nación, no había control de su uso, aunque los jubilados del sistema, con bajas cotizaciones, recibían pensiones jugosas que generaron el millonario déficit del Gobierno, que para resolver el problema, se apropia de millones de dólares de los ahorros que los trabajadores tienen en las AFP, pagando el miserable interés del 1.4 %.
El proyecto de sistema mixto que se presentará a la Asamblea Legislativa esta semana, pretende que parte de los fondos los administre el gobierno, y el resto las AFP, para ayudar a solucionar el serio problema fiscal, causado por el pésimo manejo de las finanzas del estado. Pero rechaza pagar un interés de mercado por los ahorros de los cotizantes de las AFP, alegando que el Estado no puede pagar más, aunque pague más del 7 % a préstamos del extranjero.
Como la Asamblea no ha cumplido la sentencia de la Sala de lo Constitucional de establecer un mayor interés por el uso de estos fondos, los magistrados llamaron a la presidenta Peña a una audiencia para explicar dicho incumplimiento. Ella declinó asistir y nombró como su representante a un conocido abogado, quien no pudo responder a preguntas tan simples como: Si Lorena Peña había incluido en la Comisión de Hacienda el cumplimiento de la sentencia. Si había llamado a los sectores involucrados en el tema de pensiones. Cuánto tiempo necesitan los diputados para cumplir la sentencia. El tribunal consideró inútil continuar con la audiencia, por no estar el abogado directamente involucrado en el trabajo de las comisiones. “Yo no vivo aquí”, dijo a los periodistas, molesto por no habérsele permitido responder de acuerdo a la literalidad de la resolución, cuando traía abultado paquete de expedientes.
El año anterior, instituciones del sector privado y las AFP organizaron interesantes seminarios con la participación de prestigiosos especialistas internacionales, para compartir sus experiencias sobre posibles reformas al sistema previsional. Con criterio unánime, concluyeron que en todos los países donde el gobierno ha administrado las pensiones, se ha generado un enorme déficit en las finanzas del Estado. En cambio, los sistemas privados que han invertido sus fondos en actividades financieras percibiendo altos intereses, han podido financiar proyectos gubernamentales como puentes, carreteras y grandes obras de infraestructura.
Se advierte que en este momento, El Salvador presenta los mismos síntomas de Argentina antes de 2008, cuando Cristina Kirchner estatizara las pensiones, eliminando el sistema privado: deuda millonaria y gasto sin control en áreas estatales. En el sistema privado argentino, los fondos de pensiones habían alcanzado rendimientos hasta del 7.7 %, tremendo incentivo a la ambición de la Presidenta para nacionalizarlos y ser administrados por el Estado, con los resultados negativos esperados. Siendo Argentina un país riquísimo, con fuertes industrias y enormes recursos naturales, mientras El Salvador tiene serios problemas que aumentarán drásticamente si los diputados del Frente y sus aliados de GANA logran darle el tiro de gracia al esfuerzo de los miles de cotizantes, que esperan disfrutar de una justa pensión en su vejez.
*Columnista de El Diario de Hoy.