La crisis en seguridad se sigue agudizando. Durante la última semana, se han registrado múltiples homicidios perpetrados en contra de miembros de las fuerzas de seguridad y sus familiares. Entre las víctimas también hay docentes de escuelas públicas y hasta infantes. Incidentes graves pasan desapercibidos cuando en otros países detonarían una masiva presión social en contra de las autoridades de seguridad. Algunas personas sostienen que, a medida el país avanza en el empedrado camino que sigue para superar todos los récord de violencia a nivel mundial, los salvadoreños nos hemos vuelto menos sensibles a la comisión de hechos violentos.
La creciente frecuencia de horrendos delitos, según algunos, poco a poco ha carcomido nuestra humanidad, haciéndonos indiferentes y menos empáticos con el sufrimiento de las víctimas y sus familiares. Otras personas sostienen que las constantes crisis en diferentes áreas no permiten que los salvadoreños se concentren en una sola. La falta de medicina en los hospitales, la intención del oficialismo de financiar su despilfarro con las pensiones, la presunta participación del alcalde de San Salvador en un ataque cibernético en contra de los principales rotativos del país, la orden de captura girada en Brasil contra un importante exasesor de Mauricio Funes por corrupción y los indicios sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios, son algunos ejemplos de situaciones graves que acaparan la atención de la ciudadanía y la diluyen de tal forma que no existe suficiente concentración y presión sobre un tema en especial.
Ante este tipo de escenario, resulta importante preguntar: ¿Las actuales autoridades serán capaces de responder ante la crisis en seguridad, sin que exista una presión lo suficientemente robusta como para propiciarlo? Para contestar esta interrogante es necesario considerar la pericia técnica de los burócratas al frente del aparato de seguridad y, además, el orden de sus prioridades. Los funcionarios pueden tener una excelente formación en materia de seguridad, pero permitir que los intereses predominen sobre los criterios técnicos. Por otro lado, pueden tratar de proteger sus instituciones de la influencia política, pero no tener conocimiento sobre la seguridad pública.
Lastimosamente, el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional Civil han demostrado que son dirigidos por personas que tienen una trayectoria profesional en seguridad, pero que su prioridad son los intereses partidarios. Durante sus primeros días al frente de sus respectivas instituciones, Mauricio Ramírez Landaverde y Howard Cotto han demostrado que lo técnico será desplazado por lo político. Se han mantenido obedientes al guión dictado por el partido oficial, tratando de esconder y maquillar la realidad con su discurso para encajar en la versión partidaria. Adicionalmente, la forma en que han abordado ciertas situaciones, traslada al campo operativo esta lamentable actitud. El discurso y la persecución de agentes policiales en el marco de las exigencias expresadas por el movimiento de policías, es solo un ejemplo.
Douglas Meléndez, fiscal general, por el contrario, hasta el momento ha demostrado independencia y valentía para afrontar las oscuras presiones políticas, denunciándolas públicamente. Su actitud prudente y acciones acertadas indican que lo técnico predominará sobre lo político en su caso. El comienzo de su gestión ha sido diametralmente diferente a la de sus contrapartes en el Ministerio de Justicia y la Policía. Afortunadamente, la Fiscalía ejerce dirección funcional sobre la Policía. Los fiscales, por lo tanto, pueden orientar el trabajo en seguridad en la dirección correcta y vigilar que el aparato de seguridad no sea influenciada por intereses políticos.
Los relevos en la cartera de seguridad fueron cosméticos, hechos solo para aparentar un cambio mientras el partido oficial se aseguraba que las instituciones aún permanecerían bajo el control de personas fieles a él, dispuestas a anteponer los intereses partidarios sobre lo que sea. Douglas Meléndez y la Fiscalía, por lo tanto, son la esperanza para rescatar a El Salvador de las garras del crimen.
*Criminólogo
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