Las inversiones son imprescindibles para el crecimiento y desarrollo en equilibrio (ahorro igual inversión), sean éstas públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Y la justicia social requiere de inversiones, siempre que éstas se realicen con responsabilidad social, por parte de los empresarios y del Estado.
Ante un cuadro de bajo crecimiento, se vuelve necesario impulsar proactivamente estrategias que permitan volver a posicionar a El Salvador como un país competitivo en la región para la atracción de inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Un elemento clave para ello es el contar con leyes y la institucionalidad adecuada en ámbitos específicos de cada sector de la economía. Para lograrlo, se debe comenzar por lo fundamental: reforzando las leyes para obtener mejores resultados. El marco legal debe estar acorde a las realidades y necesidades del país.
Las propuestas de institucionalidad deben orientarse a atender y atacar el problema de la burocracia excesiva y la falta de eficiencia administrativa. Es importante tener una visión sistémica en torno a las medidas que se deben tomar para revertir la tendencia que lleva el país, enrumbarlo a una agenda de competitividad y desarrollo.
La regulación estatal afecta las distintas facetas de las empresas y sus actividades en la economía; sin embargo, dadas las condiciones del país, para promover el desarrollo económico es preciso facilitar la creación de emprendimientos y generar condiciones favorables para impulsar el crecimiento, recuperar posiciones en indicadores y convertir al país en sede favorable para generar negocios, empleos y bienestar a la sociedad.
A manera de ejemplo, recientemente se publicó en este periódico, el hecho de que la burocracia en algunos casos es la limitante para la ejecución de proyectos de energía renovable. Los inversionistas en este rubro manifestaron que para los trámites existen una gran cantidad de requisitos, en los que cada institución gubernamental se convierte en la validadora de otra. En un ministerio se pide que se cumplan los mismos requisitos de otras oficinas públicas. Y cada unidad se encarga de poner tantos requisitos, que para cumplirlos, el inversionista se puede demorar varios meses. En el caso concreto de inversiones en energías renovables no se entiende quién es el Ente rector de este tipo de programas, porque tanto al ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), el Viceministerio de Vivienda o el ministerio de Hacienda, hay que entregarles los mismos documentos.
Para promover la inversión, debemos entender por clima de negocios la suma de diversos elementos, objetivos y subjetivos, que posibilitan que las buenas ideas, sin importar su origen, puedan transformarse en emprendimientos y desarrollo económico. Por tanto, desde una perspectiva sistémica, se debe analizar la situación de la tramitología en el país, teniendo por referencia la simplificación de trámites y la mejora regulatoria.
El Salvador requiere reformas estructurales importantes para mejorar esta normativa y la excesiva burocracia, puesto que no es suficiente llevar a cabo reformas parciales o cosméticas que no logran revertir la tendencia a la baja en los niveles de competitividad. Pero debemos considerar que vamos por buen camino, ya que se ha creado el Sistema de Mejora Regulatoria y el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR).
El OMR se convierte en una entidad especializada, dentro de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, con un comité técnico y un consejo consultivo que va a promover la simplificación de trámites existentes y la creación de normas y trámites eficientes, para agilizar las actividades comerciales.
Lo más importante es tener un enfoque de pertinencia y eficacia, con una visión de planificación de largo plazo para impulsar políticas pragmáticas que den buenos resultados de desarrollo.
*Colaborador de El Diario de Hoy.
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