Las noticias en los medios estadounidenses en español últimamente, podrían causarle depresión al más optimista. Y es que demuestran la hipocresía del acercamiento que la administración del presidente Obama ha tenido en lo que a política migratoria se refiere. Por un lado, y desde el punto de vista de la retórica, la administración Obama ha demostrado entender las enormes contribuciones económicas, culturales y sociales que la inmigración brinda a los Estados Unidos. Desde esa perspectiva ha enfrentado la testarudez republicana en el Congreso intentando proteger de la deportación a través de decretos ejecutivos a millones de personas indocumentadas.
Lo anterior no equivalía a una amnistía, como muchos pretenden criticar, y tampoco era una “nueva ley”. Era simplemente una protección temporal de deportación para quienes cumplieran ciertos criterios, que por cierto, eran bastante estrictos. Sin embargo, una serie de trabas judiciales han paralizado esta acción ejecutiva también y ahora no hay quien se salve. Porque la otra cara de la administración Obama — la que prefieren no discutir ahora que es época electoral en que el voto Latino es un commodity codiciadísimo – es una que bota puertas a patadas, en medio de la noche, y que aprehende y deporta sin debido proceso a cientos de indocumentados.
Por supuesto que es válido tener un debate sobre el estado de derecho y la aplicación de la ley, pues la realidad de las cosas es que la deportación es la consecuencia legal que se ha estipulado para quienes incumplen las leyes migratorias. Sin embargo, las circunstancias existentes al momento en que se diseñó esa legislación son ahora muy diferentes. Aunque aún existen, los inmigrantes económicos provenientes de Centro América, o quienes deciden emigrar a los Estados Unidos meramente motivados por la diferencia de salarios y las oportunidades laborales en el rubro de los servicios, se están convirtiendo en una minoría. Lo que ha desatado la crisis de violencia que cual plaga bíblica está afectando a miles de familias salvadoreñas –con más severidad a las más económicamente desaventajadas – ya no es una emigración emprendedora, en búsqueda de mejores oportunidades.
Nos encontramos en la actualidad ante una verdadera desbandada, una huida desesperada de aquellos para quienes la violencia se ha vuelto tan sofocante que las penurias del camino a través de México son un costo aceptable. Lo que debería aplicar más bien, son políticas de asilo, no políticas de inmigración. Un gran porcentaje de quienes emigran buscan, más bien, refugio y no las aventuras y el emprendedurismo clásico e inherente del “sueño americano”.
Se puede decir mucho de la urgencia de que el congreso estadounidense debata una reforma a las políticas de inmigración existente, una que tome en cuenta las circunstancias de la actualidad. Lo escribió el mismísimo Jefferson, abogado, filósofo, fundador y constituyente del concepto de la república estadounidense: pretender que una ley se adapte a todos los tiempos sin tomar en cuenta circunstancias cambiantes es el equivalente a esperar que la misma chaqueta le quede por siempre a un niño en crecimiento.
Sin embargo limitar el debate a lo que “debería” hacer Estados Unidos es denegar de la responsabilidad que nuestros propios gobernantes – los de ayer y los de hoy — tienen en la situación. Si bien las políticas de Estados Unidos han tenido un impacto en la escalada de violencia centroamericana (desde la exportación de las maras hasta la fallida guerra contra las drogas), la prioridad de los gobiernos centroamericanos no debería ser depender de la apertura de gobiernos extranjeros. El esfuerzo debería ponerse en trabajar de manera incansable para conseguir las condiciones que permitan que los que se van tengan más razones para quedarse que para irse.
*Lic. en derecho de ESEN con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University. Columnista de El Diario de Hoy.
@crislopezg