“Migrantes” son quienes dejan su lugar de origen para establecerse en otro país. “Indocumentados” es el término con que se autodenominan quienes ingresan a los Estados Unidos sin llenar los requisitos necesarios, exigiendo que no se les llame “ilegales”, aunque, efectivamente, lo sean. “Refugiados” son quienes, en el afán de salvar sus vidas, huyen de sus hogares y buscan seguridad en otros países que ofrecen el estado de derecho que no encuentran en el propio. (Definiciones comunes, no del diccionario).
Pareciera que el siglo XXI, en vez de ser la cúspide del desarrollo humano, por el contrario nos ha hecho retroceder a la más abyecta barbarie, representada en hordas que atacan a poblaciones enteras, imponiendo la violencia y el terror, obligando a emigrar a millones de personas. Europa y Estados Unidos son receptores de estas multitudinarias emigraciones. Pero no es a ellas a las que deseo referirme, sino a nuestra situación nacional.
Indigna que grupos de gritones vestidos de rojos, blandiendo banderas del mismo color, se planten ante la embajada de los Estados Unidos, exigiendo que nuestros compatriotas indocumentados no sean deportados y que, además, se les dé todas las facilidades y derechos a los que podrían aspirar, si fueran inmigrantes legales.
Indigna, porque ante quienes hay que protestar, es ante nuestras autoridades, que se quedan pasmadas ante la violencia cada vez mayor y más salvaje que estamos viviendo, fruto predecible e indudable de la famosa “tregua”.
Veamos: ¿indocumentados, ilegales? ¿Cuántos salvadoreños “inexistentes existen” en nuestro país? La incongruencia anterior se justifica porque no sabemos cuántos niños nacen y, propiciado por el ambiente de violencia, nunca son inscritos, crecen sin una partida de nacimiento que les permita ingresar a la escuela y llegan a mayores sin poder aspirar a ejercer sus derechos porque, legalmente, no existen: son indocumentados, ilegales en su propio país. Este problema es gravísimo y debe resolverse. Nuestros legisladores deben afrontarlo, diseñando la manera para que los alcaldes, en cada municipio, erradiquen esta situación. Por favor, diputados, ayuden concreta y efectivamente, a estos compatriotas.
Y ¿qué de los emigrados y refugiados dentro de nuestro propio país? Esa infinidad de familias que dejan su vivienda “escoltados” por la PNC, que generosamente les “presta seguridad” para que se vayan (no para que se queden) al ser amenazados por pandillas. Esos son los emigrados y refugiados que deben preocuparnos a todos, pero especialmente, a nuestro gobierno. Si hubiera las condiciones, esas personas continuarían en sus lugares de residencia, los negocios continuarían existiendo y creciendo, dando empleo y mejorando la economía. Según datos recabados por diferentes expertos (Moisés Naim es uno de ellos) los emigrantes pagan entre $7,000 y $20,000 dólares a los coyotes, para llegar a su destino; es decir, quedan casi como esclavos, hasta saldar esas gigantescas deudas. ¿Por qué no invierten ese dinero y esfuerzo en nuestro país? ¿Por qué arriesgarse a un viaje tan peligroso e incierto, además de oneroso, en vez de quedarse a trabajar aquí?
Porque desconfían del gobierno – uno fallido – que desincentiva toda acción emprendedora y pareciera estar a favor de los delincuentes y en contra de las personas honradas.
Dejemos a “los gringos” en paz y exijamos a nuestro gobierno que cumpla con su deber, dándonos seguridad física y jurídica para poder desarrollarnos en nuestro propio país, como es nuestro derecho.
*Columnista de El Diario de Hoy