En las últimas ferias de trabajo realizadas en San Salvador, miles de jóvenes, que residen en aquellos departamentos del país donde se cultiva caña, café y maíz, han entregado sus currículos para optar a plazas en el sector de comercio o servicios. La migración de los jóvenes desde el campo hacia la ciudad crece, porque tienen la esperanza de encontrar un mejor empleo.
En el campo los jóvenes ya no están interesados en cultivar las tierras, la mayoría de personas dedicadas a las tareas agrícolas son de edades mayores a los 45 años. Existe una transición en la población agrícola, y es que está envejeciendo. En la actualidad, la edad promedio de los agricultores es de 50 años y sus hijos ven las tareas del campo como un trabajo de mucho esfuerzo físico, mal pagado. Los hijos de agricultores han logrado muchas veces un mayor nivel de educación, lo cual es bueno, y perciben las tareas de agricultura tradicional como un esfuerzo enorme con un retorno muy pequeño.
El sector agropecuario enfrenta desafíos, como mayores costos de producción e incertidumbre en la oferta laboral. Conforme el IV Censo Agropecuario, el 71% de los productores son de edades por encima de los 45 años y la edad promedio 57 años. Estos índices hacen prever que al no existir una política apropiada de apoyo al sector, los rendimientos y los crecimientos de la producción de los últimos años no serán sostenibles a mediano plazo.
A lo anterior se suma que la tenencia de la tierra en El Salvador está muy atomizada, arrastrando complicaciones heredadas tanto en la forma en que se posee la tierra como en el estado de la titularización. Se estima que el 87% de los productores cultiva dos manzanas o menos; con este tamaño, es difícil generar las economías de escala que para ser competitivas requieren las actividades productivas extensivas. Estos productores trabajan el 61% del área total de tierras cultivadas.
Si consideramos además, el impacto que tendrán las sequías y las crisis cada vez más recurrentes en la producción de granos básicos en la región, se pinta el panorama como la antesala de una masiva migración hacia el norte del continente por parte de muchos salvadoreños que no encuentran opciones a las condiciones adversas de vida.
Ante esta realidad, la FAO, enfatiza que en Centroamérica no sólo hay altos índices de inseguridad alimentaria sino también que está bastante vinculada a lugares dónde vive la gente, afectando la falta de alimento a regiones rurales que, paradójicamente, cuentan con tierras con vocación agrícola.
La reversión de esta dramática situación pasa por establecer políticas de Estado capaces de garantizar la seguridad alimentaria y la intensificación sostenible de la producción agrícola, como uno de sus objetivos esenciales.
Debemos recordar la lección no aprendida por los gobiernos de la región con la crisis financiera de 2008, frente a la cual asumieron que no iba a pasar nada más. Y ahora en la actualidad podemos constatar que al cabo de unos años, con la tibia recuperación de la economía mundial, ya están subiendo los precios de los alimentos más de lo que subieron de precio en ese entonces, colocando en una situación difícil a las familias pobres.
La reacción de los gobiernos ante la crisis del 2008 fue coyuntural, con medidas de corto plazo, sin tener políticas de seguridad alimentaria como eje de las políticas agropecuarias. Se han dejado por fuera de los análisis sobre el campo los aspectos de productividad, desarrollo social sostenido, mejora de niveles sociales, económicos y de salud.
El reto es mejorar el nivel de ingresos de los pequeños productores.
* Colaborador de El Diario de Hoy.
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