Si los partidos políticos quieren luchar contra la corrupción deben elegir a un fiscal competente y honesto para esta tarea, o como dirían en el argot anglosajón “walk the talk!” (actuar conforme a lo que se dice) De lo contrario, ¿de qué sirve quejarse de los 20 años de ARENA o los cinco del FMLN, si no eligen a una persona que sea capaz de liderar equipos de abogados que preparen los casos y presenten contundentes demandas judiciales?
En las vísperas de la elección del Fiscal General conviene reiterar su importancia, algunos criterios de elección y las implicaciones de esta decisión para los partidos políticos. En cuanto a esto último, los partidos políticos son los responsables de esta decisión, y todos debemos evaluar si los comentarios sobre los Flores (expresidente y exdirector) son puras estrategias de mercadeo sin una verdadera intención de cambio, o hay algo real tras esas palabras.
Guatemala nos muestra que es posible tener resultados favorables a la democracia si se eligen a funcionarios valientes como fiscales y se les brinda el apoyo institucional y político para hacer su trabajo. Obviamente se requieren muchos factores, sin embargo, los análisis apuntan a que una Fiscalía independiente es un elemento necesario, aunque no suficiente, para combatir la corrupción y promover la probidad en el ejercicio público. Además, un nuevo Fiscal es importante: por las altas cifras de homicidios, la investigación del delito requiere una mayor coordinación con el resto de instituciones públicas, cooperantes internacionales y sector privado, en especial con el inicio de la Alianza para la Prosperidad; los casos de la Diego de Holguín o el Chaparral exigen una supervisión más eficiente y honesta de los recursos públicos, etc.
Ahora bien, sobre el proceso de elección, la Asamblea Legislativa ha respetado las normas e incluso ha promovido una etapa de entrevistas más amplia que en ocasiones anteriores. No obstante, sigue pendiente un cuestionamiento detallado de los elementos que conforman la moralidad y competencia notorias (Arts. 192 y 177 de la Constitución), es decir, no es suficiente el mero cumplimiento de años de ejercicio profesional o la ausencia de denuncias.
En los últimos años, la jurisprudencia constitucional sobre la elección de funcionarios ha perfilado elementos procesales y de juicio que han sido retomados por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, a partir de estas sentencias también se extrae lógicamente un especial requisito de análisis a la postulación del actual Fiscal General que busca la reelección en dicho cargo, puesto que su desempeño en el cargo brinda una clara y determinada orientación de su futura actuación, a diferencia del resto de candidatos, y existen claros indicadores de desempeño de su labor, por ejemplo: ejecución presupuestaria, manejo de los conflictos de interés, gestión de los recursos, etc.
Desde una perspectiva legal, si la Asamblea Legislativa desea elegir como Fiscal General a cualquier funcionario responsable de una institución pública (Fiscalía, Superintendencia de Competencia, Viceministerio de Seguridad, etc.) debe cumplir con un mayor requisito de justificación legal en su decisión. No obstante, desde una perspectiva política, más importante aún, esta elección será una prueba a la congruencia de cada diputado y fracción legislativa, dado que, si quieren un país sin corrupción, deben actuar conforme a sus propias palabras “walk the talk” y elegir a un Fiscal honesto y competente.
*Columnista de El Diario de Hoy.
@lapapaguzman