En los últimos meses hemos visto dos intentos desde la Asamblea Legislativa, el primero de GANA y luego otro del FMLN, para tratar de poner frenos a la libertad de prensa, a través de propuestas de ley.
Dichos intentos parecen estar relacionados a las últimas publicaciones sobre casos de funcionarios públicos que se encuentran bajo investigación por sospechas de enriquecimiento ilícito y otros similares y que, como es de esperarse, los medios de comunicación han dado amplia cobertura e investigación.
Dada la misma naturaleza que poseen los medios, es difícil que sean manipulados por partidos políticos, funcionarios o personas. Por supuesto que aquí, como sucede en otros países, el gobierno de turno tiene sus propias vías para comunicar su discurso, medios que por la naturaleza del trabajo que realizan, no cumplen con los requisitos para que sean confiables y verídicos en su información.
A la par de los medios con que contamos, en El Salvador al igual que sucedió en la mayoría de países, las redes sociales dinamizaron la forma en que los ciudadanos con acceso a tecnología, podían expresarse, manifestarse, hacerse escuchar, ejercer su derecho a la libertad de expresión, de cara, y dando la cara con respeto.
Pero si bien las redes sociales permiten que los ciudadanos comunes y corrientes nos expresemos, debemos de tener claro que la fuente de la noticia, con sus investigaciones, testimonios, verificaciones, etcétera, proviene de los medios informativos serios, y esa es para mí suficiente razón para protegerlos de caer en lo mismo que ha sucedido en países con gobiernos socialistas como el de Venezuela y Ecuador, donde las mordazas llegaron acompañadas de una represión tremenda.
Las leyes relacionadas con la libertad de prensa que salgan de la Asamblea Legislativa, no pueden buscar amarrar o tener por objetivo cercar a los medios, porque al hacerlo, que es el planteamiento del FMLN, estaríamos limitando el derecho ciudadano a estar informados.
En el “Documento sobre la formación económico-social de El Salvador” emitido en su congreso y en el cual se emula el documento final del pasado Foro de Sao Paulo, el FMLN escribió: “La oligarquía está bien organizada y además de su instrumento político fundamental, el partido ARENA, tiene un peso importante en el Estado y los gremios empresariales, y dispone de fundaciones, universidades, intelectuales, medios de comunicación…”, cargando nuevamente contra estos.
El partido de gobierno insiste en limitar el ejercicio de la prensa, llegando incluso a culparlos por situaciones como la inseguridad que vivimos actualmente, tal y como lo hemos escuchado del mismo presidente de la República y dirigentes del FMLN en varias oportunidades.
¿Cómo vamos a generar el debate público que la democracia demanda si amordazan a los medios? ¿Cómo va el ciudadano a pedir cuentas a sus funcionarios, a su gobierno si no cuentan con medios libres, pluralistas, independientes y profesionales?.
A muchos funcionarios no les gusta la fiscalización de ningún tipo, olvidando que la rendición de cuentas es parte de la demanda ciudadana. Ignorando que cada día, hay más ciudadanos rechazando la corrupción y la impunidad.
Los diputados debemos cumplir, antes de que termine este año, el mandato de la Sala de lo Constitucional referente a la “Ley de Indemnización por Daños de Carácter Moral”.
Nuestra propuesta no busca intimidar a los periodistas, lejos de eso, se busca fortalecer a quienes funcionan como un vigilante que proporciona a la población, herramientas de empoderamiento.
El partido de gobierno insiste en copiar modelos socialistas con los que se trata de anular el trabajo de los medios informativos, cerrando los ojos ante una realidad que parece imparable: esos modelos que tanto admiran y a los que rinden culto están cayendo en Suramérica, abriendo nuevamente a los ciudadanos la participación que lleva a la democracia.
*Diputada.